Ley de infraestructura Gigabit: Consejo y Parlamento llegan a un acuerdo

Con el firme propósito de acelerar el despliegue de la infraestructura de red gigabit a lo largo y ancho del Viejo Continente, la presidencia del Consejo de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo han suscrito un acuerdo provisional sobre una propuesta para sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014 por la Ley de Infraestructura Gigabit (GIA). Una maniobra que no ha sorprendido ya que la BCRD, actualmente en vigor, contemplaba unos objetivos digitales que, o bien se han alcanzado, o bien han quedado obsoletos. En este sentido, GIA se ha perfilado como una pieza legislativa esencial para alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa, tal como se establece en la brújula digital de la Unión Europea para esta década, y para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación.

“En Europa, el despliegue de fibra y 5G podría ser mucho más fácil con menos administración. Estamos abordando esa carga administrativa a través de la llamada Ley de Infraestructura Gigabit. Ya hemos llegado a un acuerdo preliminar con el Parlamento Europeo. Esto permitiría a los ciudadanos europeos navegar más rápido utilizando fibra o 5G”, ha declarado Petra de Sutter, viceprimera ministra belga. Matthieu Michel, secretario de Estado belga de Digitalización, ha asegurado que “al unificar la red en todo el territorio, estamos tendiendo puentes hacia un ecosistema europeo más amplio, lo que demuestra nuestro interés en la armonización a nivel europeo. Esta iniciativa no sólo promoverá una conectividad rápida para nuestros conciudadanos, sino también economías de escala para los operadores y empresas involucradas”.

Claves de la nueva normativa

La nueva ley tiene como objetivo reducir los costes innecesariamente altos del despliegue de la infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes. Estos procedimientos siguen siendo complejos, a veces largos y diversos según los Estados miembro. El reglamento también tiene como objetivo acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia para todos los actores económicos involucrados y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Esta ley de carácter mínimo de armonización también aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interna. Según fuentes institucionales, se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil, lograr mejores economías de escala.

Próximos pasos

Tras el acuerdo provisional alcanzado, continuarán los trabajos técnicos de los expertos de ambas instituciones con vistas a presentar un texto transaccional a los colegisladores para su aprobación. Por parte del Consejo, la presidencia belga pretende presentar el texto a los representantes de los Estados miembro (Coreper) para su aprobación lo antes posible. Tras su aprobación, el proyecto de acto legislativo se someterá a una revisión jurídico-lingüística antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones, publicado en el Diario Oficial de la UE y entrado en vigor 20 días después de esta publicación.