El Gobierno continúa a expensas de la petición oficial de STC para desembarcar en Telefónica

El nuevo curso arrancaba en septiembre con una noticia estrella: la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de STC Group, participado mayoritariamente por el PIF (fondo de inversión pública del Estado saudí). Una maniobra que, desde entonces, no ha dejado de copar titulares dado su carácter estratégico y las formas veladas de llevarla a cabo. La polémica estaba servida antes de su materialización oficial; y es que así se han dado las cosas.

El pasado 5 de septiembre el grupo saudí comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado que se había hecho con el 9,9% de Telefónica, buque insignia español de las telecomunicaciones. En concreto, STC Group había adquirido el 4,9% a través de acciones y el 5% restante mediante instrumentos financieros. Posteriormente, admitió en otro hecho relevante que para pasar del 4,9% al 9,9% solicitaría el permiso del Consejo de Ministros, una petición que aún no se ha formalizado.

Sin noticias de Arabia

Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas en España, es el propio Ejecutivo quien debe conceder el permiso a los inversores extracomunitarios que aspiren a adquirir más del 10% de una sociedad de estas características. Una cifra que se reduce al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es el caso de Telefónica. Sin embargo, por el momento, la notificación de STC Group detallando sus intenciones con La Moncloa como destinatario todavía no ha llegado. Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, quien ha reiterado además que el Gobierno sigue “muy de cerca” los pasos del grupo saudí.

“Lo cierto es que no se ha producido ninguna notificación oficial y, por tanto, no se ha iniciado ningún trámite específico relativo a esta operación. Estamos, como no puede ser de otra manera, siguiendo muy de cerca todos los desarrollos que se puedan producir en ese contexto, pero no hay ningún cambio y ninguna novedad en este ámbito”, ha afirmado Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer.

¿Qué opina Bruselas?

Tal y como avanza El Independiente citando fuentes relacionadas con el caso, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez deberá decidir sin apoyo de Europa si Arabia Saudí entra en el accionariado de Telefónica. Según relata, aunque la formalización oficial de la petición todavía no se ha producido, el grupo saudí estaría preparando toda la información necesaria para llevarlo a cabo. “Los trámites van por buen camino”, aseguraban sus fuentes. De hecho, se espera que “en las próximas semanas” se entregue la petición al Ejecutivo. Pero qué tiene que decir Bruselas de todo esto. Lo cierto es que nada.

Tras la creación del mecanismo de inversión extranjera directa que se creó hace tres años al abrigo de la pandemia por la Covid-19, es el propio Gobierno quien tiene la potestad de dar o no el beneplácito. La Ley Anti Opas articulada por el Ejecutivo con el fin de identificar y abordar posibles amenazas de empresas o capital foráneo para la seguridad de la Unión Europea es suficiente a ojos de Europa para decidir. Precisamente por este motivo, Bruselas ha optado estratégicamente por mantenerse al margen; y es que mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí es una apuesta ganadora teniendo en consideración su posición privilegiada respecto a suministros críticos como el gas o el petróleo.

Reunión del Consejo de Administración de la telco

El Consejo de Administración de Telefónica se reunirá este miércoles día 27 de septiembre, y abordará la entrada del grupo saudí STC como principal accionista de la operadora. Así, aunque la reunión de Telefónica tiene carácter ordinario y estaba programada con anterioridad, se prevé que los movimientos de STC protagonicen el encuentro, especialmente teniendo en consideración que la operación cogió por sorpresa a la compañía y el máximo órgano de decisión de la empresa no estaba al tanto de la misma.