El desembarco de Arabia Saudí en Telefónica, bajo lupa

El que come callado, come dos veces. El sabio y perspicaz refranero español, popular y acertado a partes iguales, lo mismo valía para entonces que para ahora. Muestra de ello, el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica. Una operación que se daba a conocer públicamente el pasado miércoles y que, tal y como se preveía dado el disimulo con el que ha sido llevada a cabo, no ha quedado exenta de polémica. Quizás por su carácter estratégico, sus maneras veladas y su condición abrupta; tal vez porque recuerda a la indecorosa relación entre el rey emérito y el citado país; posiblemente por las suspicacias que levanta que el ex directivo de Telefónica José del Valle, ahora miembro de STC Group, haya jugado un papel clave en su aterrizaje en uno de los emblemas nacionales de las telecomunicaciones. ¿Quién sabe?

Lo que sí se conoce, al menos de momento, es que STC se ha alzado como el principal accionista de la operadora española tras adquirir el 9,9% de sus acciones por valor de 2,1 millones de euros. Un porcentaje que, por cierto, también es significativo. Y es que a partir del 10% es el propio Gobierno quien debe dar luz verde a la operación. ¿Habrá hecho esto sonar las alarmas?

Con la citada maniobra, STC Group, participada mayoritariamente por el PIF (fondo de inversión pública del Estado saudí), ha superado a BBVA (4,87%), BlackRock (4,48%) y CaixaBank (3,5%), aunque aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no tiene intención de tomar control sobre las operaciones de la empresa que capitanea José María Álvarez-Pallete. Lo que se ignora actualmente es si STC tomará asiento en el consejo corporativo.

¿Por qué tanto sigilo?

Una inversión multimillonaria en una empresa extranjera con una cuota de mercado relevante en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones, no es moco de pavo. Asesores, analistas y abogados suelen conformar un ejército para blindar la operación; sin embargo, a menudo, se relega a un segundo plano a los expertos en comunicación y reputación, así como a periodistas y representantes de lobby. A veces por indiferencia, en ocasiones por desconocimiento de causa y en la mayoría de ellas por temor. Temor a una filtración, a un desbanco o a una ruptura precipitada. Quizás, por eso, una vez más, el sigilo haya sido el gran protagonista.

El Gobierno de España, representado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que la operación les cogió por sorpresa, al igual que a Álvarez-Pallete, quien se encontraba de viaje en California (Estados Unidos). En este sentido, Calviño no ha dudado en pronunciarse: “Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país, y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España”. Siguiendo esta misma estela ha asegurado que el Ejecutivo está “analizando” los elementos que determinan la aplicación de los mecanismos para acorazar los sectores e intereses estratégicos nacionales. Por su parte, Yolanda Díaz, ha defendido que “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles. Es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs. Debemos proteger nuestro futuro digital".

La Casa Real, tradicionalmente cercana a la monarquía saudita, ha desmentido públicamente tener conocimiento alguno sobre la operación. “En la Casa del Rey no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica”, han asegurado tajantemente fuentes de Zarzuela a Europa Press.

Recomendación: poner coto

Por otro lado, tal y como han avanzado fuentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo a la SER, Bruselas ha encargado un informe sobre las implicaciones de que países como China o Arabia Saudí sean propietarios de infraestructuras críticas como las telecomunicaciones. Un pliego en el que Europa advierte de que los límites tradicionales de "propiedad de las compañías" son “insuficientes” cuando detrás del comprador hay un Estado o un fondo soberano como el que ha adquirido el 9,9% de Telefónica. Ante estos movimientos, se plantea fijar criterios objetivos para identificar qué puede considerarse "presión de regímenes autoritarios sobre los actores privados y públicos". Además, se hace una recomendación central: más capacidad regulatoria para frenar ciertos movimientos e inversiones en infraestructuras críticas. “El riesgo de influencia política directa puede ser mitigado limitando la participación significativa en activos europeos".

Negociación de los detalles financieros

STC está culminando los detalles financieros para atar su llegada a Telefónica. Para ello se apoya en su asesor financiero de confianza, Morgan Stanley, con el fin de negociar el crédito que le permita tomar posesión del 9,9% del gigante de las telecomunicaciones español. Unos pasos que, como ya viene siendo habitual, también se dan con discreción. ¿Será porque de momento dejan fuera del tablero a la banca española?

Sea como fuere, lo cierto es que la geopolítica y el liderazgo mundial están cada vez más cerca del terreno de juego tecnológico. De momento, solo queda permanecer al tanto.