Dos desencuentros y un ultimátum

La reforma de las telecomunicaciones europeas y los precios de los servicios móviles siguen enfrentando a operadores, reguladores y Comisión Europea. En algunos aspectos, el desencuentro es prácticamente total.
La creación de un organismo regulador de las telecomunicaciones de carácter europeo sigue encontrando obstáculos, incluso ahora que su formación se debate en el Parlamento de la UE. Los reguladores nacionales de los 27 países de la UE han expresado su oposición a la implantación de un ente con tales competencias en el ámbito comunitario, abogando, en su lugar, por impulsar la coordinación a través del Grupo Europeo de Reguladores (ERG). Pero la comisaria europea para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, aunque aclarando que no tiene intención de reemplazar al ERG, sigue en sus trece, y asegura que este organismo no tiene la suficiente fuerza para llevar a cabo la tan esperada reforma del sector, algo que, en su opinión, queda constatado con el hecho de que no ha logrado rebajar los precios ni aumentar la competencia en telecomunicaciones. “La creación de la autoridad europea que hemos puesto sobre la mesa es el único modo de lograr que los reguladores nacionales desempeñen el papel que deben tener”, ha afirmado Reding.
Además, Bruselas defiende que el nuevo ente regulador responda ante el Parlamento Europeo, una decisión que los representantes de los 27 han rechazado argumentando que ello iría contra su independencia y supervivencia cuando la competencia en el sector permitiese su desregulación.

Viviane Reding, comisaria europea para la Sociedad de la Información


La creación de un ente regulador de ámbito paneuropeo no es la única cuestión que los eurodiputados debaten en estos momentos. La tan aclamada reforma del sector de las telecomunicaciones también ha generado cierta controversia en el ejecutivo comunitario, que se ha opuesto a la propuesta de la CE de que los operadores dominantes separen la gestión de sus redes para facilitar su acceso a los competidores, un modelo hoy sólo vigente en Reino Unido. Las espadas siguen en alto y seguirán estándolo hasta que, presumiblemente en julio, se vote definitivamente la reforma.
El tercer frente de la CE siguen siendo los precios de los servicios móviles, con la amenaza de Reding de regularlos en caso de que no experimenten una bajada en los próximos meses. En su intervención en el pasado Mobile World Congress, la comisaria advirtió que, si antes del próximo 1 de julio no se produce una bajada significativa en las tarifas de roaming de voz y datos, “estamos preparados para imponer unas tarifas máximas”. Según la comisaria, “enviar un mensaje de texto o descargar datos en otro país no debe ser más caro que en el mercado doméstico”, al igual que sucede en el interior de Estados Unidos.
La respuesta de la GSMA no se hizo esperar. En opinión de la asociación de los operadores, que recordó que en muchos casos ya se están abaratando los servicios de datos, intervenir los precios no es la medida más adecuada, ya que ha de ser la propia competencia quien regule el mercado. Un punto de vista con el que coincidía recientemente Francisco Román, presidente y consejero delegado de Vodafone España. “Es una mala solución que una autoridad marque los precios, ya que limita la capacidad de competir entre los distintos operadores”. Según Román, su compañía seguirá trabajando en la misma línea que lo ha hecho hasta ahora: “el 80% de lo que hagamos estará marcado por el afán de complacer a nuestros clientes y por la dinámica competitiva del negocio”.



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