Vodafone: lección aprendida

Hechos como la caída del servicio de Vodafone el pasado 20 de febrero, que afectó a casi nueve millones de usuarios, suponen una de las lecciones sobre seguridad más enormes que hemos aprendido, estupefactos, en nuestro país. No sólo puede pasar lo que es muy improbable que pase, sino que a veces sucede lo que ni siquiera se sospechaba que podría ocurrir.
Y es que cualquier profesional debe saber –y de hecho, sabe– que la seguridad total no existe; se persigue, pero es casi seguro que nunca se alcanzará. Se trata, en realidad, de un concepto tan amplio –desde la protección de la información contra todo tipo de ataques internos y externos a la garantía de los máximos niveles de fiabilidad y disponibilidad– que acaba por abarcar la totalidad de las operaciones de un sistema de comunicaciones. Las medidas de seguridad son necesarias, y obligatorias para cualquier servicio público, pero no hay que engañarse, por causas naturales o fallos humanos (incluso por fallos de la propia tecnología), ni siquiera el sistema mejor asegurado y redundado está a salvo de la desgracia. Minimizar los riesgos es sólo eso, minimizar la posibilidad del desastre. Como decía un profesional avezado en estas materias al hilo de lo ocurrido en Vodafone, ni siquiera en las redes de telefonía fija y energía eléctrica –en las que existen décadas y décadas de experiencia– faltan las caídas. Tampoco resultaría práctico redundar lo redundado hasta límites cercanos a la ineficiencia. Cuentan que, durante el despliegue informático de las Olimpiadas de Barcelona de 1992, hubo que convencer a más de uno de sus responsables de la escasa viabilidad de respaldar con un tercer centro de datos en la sombra el segundo centro de datos redundado, en una estéril cadena de espejos recurrentes.
Es justa la posición reivindicativa de las asociaciones de usuarios y consumidores ante el gran fallo de Vodafone, comprensible en una sociedad avanzada donde la garantía de servicio es un derecho contractual básico, pero también hay que comprender, por lógica e inevitable, la propia naturaleza de las cosas. Las tecnologías facilitan la vida, pero, cuando una sociedad depende en un grado elevado de ellas, introduce una nueva –y radical cuando fallan– vulnerabilidad. Habrá que irse acostumbrando.
Pero lo inevitable –cuando realmente lo es– no justifica, sin embargo, la falta de diligencia. Como denunciaba recientemente la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), a estas alturas todavía estamos esperando la Orden prometida para octubre de 2000 que ha de regular los parámetros de calidad de la telefonía móvil, similar a la de octubre de 1999 para la telefonía fija. También seguimos esperando la regulación de las “condiciones de calidad suficiente” y de las indemnizaciones a las que tienen derecho los usuarios afectados por fallos en los servicios de móviles a las que se refiere el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telefonía Móvil Automática. No se entiende que Piqué diga que una avería “como la del otro día” hace que la legislación de la telefonía móvil “sea todavía más necesaria”: “En eso trabajamos desde hace tiempo y esperamos poder tenerla lo antes posible”. No será desde luego por falta de tiempo. Veintiocho meses deberían haber sido más que suficientes.