LSSI: un Gobierno cegado en aprobar

Cuando se trata de proteger a alguien debemos saber a quién se debe proteger. El anteproyecto de LSSICE aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero hace demasiadas aguas. Nos encontramos con un caudal que proviene de 66 entidades diferentes que, cómo no, han aportado su cuota liquida correspondiente. Pero este gran río cuenta también con sus correspondientes afluentes de los que se abastecen los millones de usuarios que tienen que beber. Unos afluentes que, la mayor parte de las veces, no están dotados de las capacidades suficientes para tomar partido y se encuentran con un caudal muy limitado y, en muchos casos, contaminado.

Normas para todos... los interesados. Como gran idea, muy loable, de mejorar el grado de confianza entre consumidores y las empresas (públicas o privadas) en Internet y en otros medios “tecnológicos”, el primer apartado se aplicará a todos aquellos que quieran, o ya estén, embarcarse en la laboriosa tarea de sacar productos comerciales (como si fuese sencillo).
Si se aprueba todo lo aprobable, las empresas o cualquiera que desee comenzar una actividad comercial a través de Internet (por ejemplo) tendrá que tener su registro mercantil. Algo bueno (claro), pues genera confianza (por supuesto)... pero ¿qué confianza tienen las empresas respecto a los usuarios? ¿Por qué no exigir a los usuarios pasar por la administración? ¿Qué supone hacerlo? Y es que, se deben mejorar los sistemas de autenticación, que falta hace, y no dejar todo el peso a los “emprendedores”. Es importante promover una acción segura por ambos bandos porque, en este país de picaresca, al final los que siempre “palman” son los más honestos.
Es bueno, como se propone, poner los datos en la Web de la razón social o un email para que así, aparte de generar una confianza para el usuario (que creo que se debe ganar por otras vías por parte de la empresa “comercializadora”), será posible que las empresas y buscadores de fuera de España puedan realizarles cualquier tipo de spam, como lo hacen hasta ahora. Porque el spam, también estará controlado... pero no el buzoneo publicitario que llega a mi casa y satura mi buzón.
Pero quizá lo que más miedo y controversia pueda dar es el control de contenidos y la potestad otorgada a las autoridades judiciales para cerrar una publicación. Qué tipo de páginas pueden ser cerradas, cuáles no. ¿No es algo demasiado restrictivo?, ¿no se necesita aclarar y mejorar este punto?
De todos modos, la idea de equiparar los contratos electrónicos a los escritos con una validez similar es un buen punto a tener en cuenta. Pero esto puede generar un problema añadido. La lentitud a la que estamos acostumbrados en los proyectos gubernamentales deja un poco parado a todo el que se enfrenta a un mecanismo legal. Quizá es que (ellos) viven en el país de los sueños.
El anteproyecto esta ahí, esperando a que sea realmente sometido al Parlamento. Es una ley que exige estudios, criticada por muchos y alabada por pocos. Un anteproyecto sacado con premura por causas que conocemos todos (se debe cumplir el programa), en el que los borradores (unos cuantos), según dicen los implicados, no han llegado a todos los grupos parlamentarios. Un anteproyecto en el que se castiga al que delinque siguiendo unas pautas poco concretas y, a fin de cuentas, un anteproyecto en cueros que necesita ser vestido y en el que se ha contado con pocos sastres.

Concluyendo. Siendo más semánticos me pregunto a cuál de las acepciones que tiene el término aprobar (según la RAE) se dirige el Gobierno que en muchos casos nos ha tocado vivir:
1. Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien.
2. Asentir a una doctrina o a una opinión.
3. Declarar hábil y competente a alguien.
4. Obtener la calificación de aprobado en una asignatura o examen.
5. Justificar la certeza de un hecho.
Escojan su opción, por lo menos nosotros le damos esa oportunidad (de estas cinco).
En fin, como dijo en su momento Jorge Manrique: “Nuestros anteproyectos son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir...” ¿o no era así? Es igual, se trata de un simple borrador antes de llegar a las conclusiones finales.

Fernando R. Cabello, Director de iWorld. Distinguido por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) con el premio “Periodista que durante 2001 ha aportado más a la difusión sobre Internet”