| Artículos | 01 MAY 2002

Los cableoperadores se oponen a la prestación de TV vía ADSL

Denuncian el "trato de favor" a Telefónica
José Lebeña.
Madritel, Supercable, Menta y Able, cableoperadores integrados en Aunacable, han decidido poner fin a lo que consideran trato de favor del Gobierno con Telefónica. Sus protestas se centran en la autorización de Ciencia y Tecnología a la filial de cable de la operadora a utilizar su ADSL para ofrecer televisión de pago.

Los operadores de cable integrados en Aunacable han denunciado ante la Audiencia Nacional la autorización dada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) a Telefónica Cable para ofrecer televisión de pago a través del ADSL. Según Aunacable, con esta medida del Ministerio se ve inmersa en una situación de competencia desleal que podría asfixiar su negocio. Por ello, los operadores de cable consideran la medida discriminatoria e ilegal, y han llegado a pedir su suspensión cautelar.
El origen del contencioso tiene sus inicios en el momento en el que la Administración central liberó a Telefónica de todos sus compromisos de inversión en materia de cable (3.000 millones de euros) y le permitió, a cambio, desplegar ADSL. A raíz de esta decisión, según explican, la multinacional española ha obtenido cerca de 400.000 clientes en servicios de banda ancha en poco menos de un año, frente a los 260.000 abonados que tienen sus competidores en el negocio del cable. Según la decisión en cuestión, tomada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sistemas de Información (SETSI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los títulos habilitantes de Telefónica de Cable podrían transformarse parcialmente de tal forma que la filial del operador pudiera utilizar cualquier tecnología para comercializar directamente telefonía, Internet e incluso televisión.

Por la igualdad de condiciones. Los representantes de los diversos operadores de cable que operan en España señalan que “el sector del cable ha demostrado su capacidad de desarrollo y se ha convertido en una alternativa de servicio con gran valor para los clientes”. En este sentido, José Manuel Gutiérrez, director de Asesoría Jurídica y Regulación AOC, matiza que “todas las medidas que lleven a cabo los operadores irán encaminadas a defender el cumplimiento de forma escrupulosa con lo establecido en nuestro régimen jurídico en materia audiovisual para que todas las empresas que compiten en un mercado incipiente como éste lo hagan en igualdad de condiciones. Es decir, con los mismos compromisos que las empresas integradas en la AOC (Asociación de Operadores de Cable) contrajeron con la administración al ganar los concursos, con las mismas obligaciones de servicio público y asumiendo el coste de los derechos de propiedad intelectual. De lo contrario, se establece un régimen discriminatorio que no beneficia al mercado del cable”.
Los denunciantes argumentan que, en contra de la Ley de Cable y de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), esta decisión del MCYT viola el principio de igualdad de condiciones, ya que los operadores de cable deben seguir cumpliendo sus compromisos de inversión, de los que se libera a Telefónica. Además, explican que Telefónica se beneficiará también de la posibilidad de recuperar los avales por valor de 90 millones de euros depositados cuando se le otorgó una concesión de cable para todas las demarcaciones sin haber cumplido los compromisos. Según Aunacable, la resolución tomada por la cartera que preside Anna Birulés podría poner en juego la supervivencia del cable en nuestro país.


Segunda convocatoria para Castilla-La Mancha y Extremadura
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Ciencia y Tecnología ha decidido facilitar los trámites para repetir los concursos de cable en Castilla La Mancha y Extremadura, demarcaciones donde quedaron desiertos los convocados en su día. La iniciativa tendría su origen en la petición realizada por Ono de repetir concurso en la comunidad castellano manchega.
Según declaraciones de los representantes de Ono, “en Castilla-La Mancha estamos deseando repetir el éxito que tuvimos en Albacete, ciudad que está ya totalmente cableada, pero para eso el Gobierno tiene que convocar un nuevo concurso con nuevas condiciones”. Por su parte, José Manuel Gutiérrez, director de Asesoría Jurídica y Regulación AOC, estima positiva la repetición del concurso en Castilla-La Mancha y Extremadura. “Estas comunidades no deben quedarse al margen del desarrollo de la banda ancha y de la Sociedad de la Información”.
El concurso original de Castilla-La Mancha, considerado de categoría A por contar con una población de 1.568.730 habitantes, incluía en el pliego de convocatoria una serie de compromisos entre los que figuraba una inversión mínima de 102 millones de euros, demasiado elevada según los candidatos. Por ello, a la hora de convocarse un nuevo proceso los compromisos deberían adecuarse a la situación actual, en la que las obligaciones del cable ya han sido rebajadas en dos ocasiones. Además, debería incluirse el principio de neutralidad tecnológica para que Telefónica pudiese sustituir sus compromisos de fibra óptica por ADSL.

jlacebo@idg.es

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