| Artículos | 01 JUN 2004

Los ayuntamientos podrían cambiar el statu quo de las telecomunicaciones

Servicios de acceso a Internet
Eva Martín y Juan F. Marcelo.
Por primera vez, la CMT ha abierto expedientes sancionadores a ayuntamientos que ofrecen acceso a Internet de banda ancha a través de Wi-Fi por no haber cumplido con la notificación previa necesaria para obtener la autorización pertinente. Se trata, en concreto, de los ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra), que se enfrentan a posibles sanciones económicas por valor de hasta dos millones de euros.

Comienza a ser habitual que un ayuntamiento decida embarcarse en la prestación de acceso a Internet para que sus ciudadanos no se vean perjudicados por la brecha digital. De hecho, ya hay seis en España que cuentan con las autorizaciones pertinentes. En ocasiones usan tecnologías inalámbricas Wi-Fi, dan banda ancha y casi llegan a multiplicar los panes y los peces.
Sin embargo, han surgido algunas dificultades legales que podrían dar un buen disgusto a algunos de estos ayuntamientos pioneros. El pasado 15 de abril, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acordaba la apertura de un procedimiento sancionador contra la entidad Proyecto Atarfe por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. La CMT tomaba tal acción a raíz de las denuncias presentadas por TV Atarfe y AOTEC (Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios a Internet), y en las que no sólo se ponía en conocimiento del organismo regulador que el Ayuntamiento de esta localidad granadina podría haber iniciado la prestación de un servicio de acceso a Internet de banda ancha por medio de Wi-Fi sin haber remitido la notificación previa a la que obliga la ley; también se apuntaba que dicho servicio estaría prestándose de forma gratuita, pues el usuario sólo ha de pagar un importe de 100 euros por el coste del módem.

“Infracción grave”
Ante estas denuncias, la CMT encontraba indicios de una posible infracción “por haber instalado e iniciado la explotación” de una red inalámbrica Wi-Fi 802.11b “antes de proceder a la notificación a esta Comisión”. Presunta infracción que, al considerarse grave, podría acarrear una multa cuya cuantía sería como mínimo el equivalente al beneficio bruto obtenido y como máximo el quíntuplo de dicho beneficio bruto; si no fuera posible aplicar este criterio, tendría un límite máximo de dos millones de euros. Además de la multa, la CMT podría sancionar al Ayuntamiento con una inhabilitación para la explotación de redes o de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de hasta cinco años.
La idea de dar banda ancha a los 13.800 vecinos de Atarfe surgió como una promesa electoral más del grupo socialista ante las últimas elecciones municipales, explica Antonio Rojo, concejal de Fomento y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento. Y, tras ganar las elecciones, el nuevo consistorio decidió comenzar a digitalizar su ciudad. En primer lugar, querían, por medio de la entidad municipal Proyecto Atarfe, ofrecer acceso a Internet de banda ancha a un coste bajo. Además, firmaron un convenio con tiendas locales y con tres entidades de crédito local para que cualquier persona empadronada en el municipio pudiera adquirir un ordenador de última generación por 50 euros al mes, con los intereses a cargo del ayuntamiento. La tercera medida prevista era la alfabetización digital.
A pesar de que en Atarfe hay ADSL disponible, se pensó suministrar acceso a Internet con una velocidad de 256 Kbps de bajada y 128 de subida, oferta que, ante el expediente abierto por la CMT, sus responsables aducen que sólo se encontraba en fase de pruebas. “En mi opinión, los operadores comerciales deben dar un servicio de mayor calidad, con mayor ancho de banda, que sea un factor diferencial”, señala Rojo. El contrato que tenían preparado “dice que el coste del módem es de 100 euros y el coste del servicio el primer año sería gratis. Es una cuestión semántica, porque otros operadores, incluido el denunciante, proporcionan el módem gratis y cobran por la conexión”, comenta Rojo. En su opinión, “sólo queremos cubrir los gastos de caudal y de mantenimiento”. Por ello, se está barajando un precio para el primer año de acceso “de entre 3 y 6 euros al mes, y para no tener problemas legales regalaremos el módem y cobraremos la conexión”, concluye Rojo. En el Ayuntamiento de Atarfe subrayan que pretenden moverse siempre dentro de la más estricta legalidad. “No creo que acabemos siendo sancionados, pero, en caso contrario, la multa será de mínima importancia (...) si la CMT habla del quíntuplo de lo facturado, el máximo sería 5.000 euros”, afirma Rojo.

Acceso gratuito
Un par de semanas después de la apertura del expediente al Ayuntamiento de Atarfe, la CMT hacía lo propio con el Ayuntamiento de Ponteareas. De nuevo esta vez la CMT intervenía previa denuncia, en esta caso de la propietaria de un cibercafé de la localidad pontevedresa, y volvía a apreciar indicios de infracción grave por ausencia de notificación. También coinciden las posibles sanciones económicas con las que amenazan a Atarfe.
Carlos Potel, asesor jurídico del Ayuntamiento de Ponteareas, municipio con 20.000 habitantes, recuerda cómo surgió la idea: “Debió de ser una decisión política para favorecer a la población del municipio en tanto que la intención es no cobrar nada. Así, todo el mundo tiene más facilidad de acceder a Internet”. Antes de que se abriera el expediente, el Alcalde envió una documentación que la CMT no ha considerado como notificación completa. Pero, “a los tres días de llegar la carta de la CMT se envió un escrito subsanando los defectos”, hecho que, según Potel, desconocía la entidad en el momento de incoar el expediente y que, de acuerdo con lo manifestado por la CMT, se valorará “a efectos de sobreseer el expediente o de atribuir una responsabilidad mucho menor”.
El proyecto de Ponteareas se basa en dos conexiones ADSL y un servidor instalado en Ayuntamiento, desde donde se cablean las calles troncales y se distribuyen puntos de acceso inalámbrico, con los que se conectan los usuarios desde sus domicilios mediante una tarjeta wireless, explica Marta Comesaña, del departamento de informática del Ayuntamiento de Ponteareas. Actualmente, el servicio dispone de 24 hotspots y unos 200 usuarios.

Contra la brecha digital
Viendo las dificultades legales por las que están pasando Atarfe y Ponteareas, cabría preguntarse por qué un ayuntamiento decide embarcarse en la aventura de prestar servicios de acceso a Internet. Hay quienes opinan que detrás siempre hay una motivación de carácter estrictamente político de cara al ciudadano para conseguir votos. Otros, sin embargo, consideran que este tipo de iniciativas obedece al papel activo que han de jugar las administraciones públicas para extender a todos los ciudadanos los beneficios de la Sociedad de la Información. “El sector público debe tomar mayor interés en cerrar la brecha digital y no permitir que se cree un nuevo analfabeto discriminado socialmente”, señala Antonio Rojo.
De cualquier manera, este movimiento de los ayuntamientos es imparable y puede acabar modificando el mercado. Como sostiene Rojo, “s
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