Logros y retos del proceso de liberalización de las telecomunicaciones
El proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España debe recorrer tres etapas sucesivas bien articuladas entre sí que son:
- Hay que comenzar por aprobar un marco jurídico apropiado para la liberalización y acompañarlo de la creación de un órgano especializado e independiente que lo aplique, como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
- Los operadores deben aprovechar las condiciones de la nueva regulación para, compitiendo entre sí, ir encontrando las ofertas que mejor satisfacen a los ciudadanos.
- Los ciudadanos deben tener ocasión de valorar bien lo que se les ofrece y no deben tener dificultades para elegir lo que prefieran.
El marco jurídico está completo en todo lo que hacía falta para que nuevos operadores puedan entrar en el mercado y para que puedan empezar a competir, lo que ha supuesto cierta asimetría a su favor en la regulación para compensar la ventaja de partida que tiene el operador histórico, el único que tiene todo lo necesario para todos los servicios y al que todos los ciudadanos conocen.
La acción de la CMT, aplicando el marco jurídico a favor del establecimiento de la competencia, por ejemplo concediendo licencias para operar en nuestro mercado, hace ya tiempo que entró en una rutina sin sorpresas que contrasta con las inquietudes iniciales de los nuevos entrantes. Esta etapa ya está dominada, no genera noticias y el interés se ha trasladado a lo que hacen los operadores.
PUNTOS PENDIENTES
Sin embargo, sería prematuro declarar completado todo el marco jurídico de las telecomunicaciones. Hay algunos puntos que desarrollar aún, como los siguientes:
- Retirar los controles sobre los precios finales de Telefónica.
- Reconvertir los títulos mediante los que Telefónica está autorizada a operar de forma que se homologuen con el nuevo régimen general de títulos habilitantes.
- Completar los preceptos sobre el Servicio Universal.
Los controles sobre los precios finales de Telefónica sólo podrán retirarse cuando los ciudadanos dispongan con facilidad de alternativas a todas sus ofertas de servicio, en medida tal que sea la propia competencia la que discipline los precios y les ponga coto en todas y cada una de las tarifas. Por lo que respecta a los otros dos asuntos pendientes, su resolución no será tardía.
Ocurre, sin embargo, que la nueva situación de competencia no sólo produce ofertas nuevas en el mercado, sino también fuera del mercado de las telecomunicaciones, que, a su vez, van pidiendo adecuación del marco jurídico aplicable a otras actividades. Así, la nueva realidad de numerosos operadores que están estableciendo redes distintas supone abrir calles con una frecuencia mucho más perturbadora de la habitual hasta este momento. Lo mismo ocurre respecto a la proliferación de antenas correspondientes a los distintos operadores de telefonía móvil o de acceso vía radio a los domicilios. Las normas jurídicas de Administración Local no contemplaban estos fenómenos nuevos y su presencia va obligando a los Ayuntamientos y a otros responsables a ir adaptándola y a buscar formas prácticas de convivir con las nuevas situaciones.
Respecto de la actividad de los operadores, mi percepción personal es que no encuentran dificultades para adquirir el derecho a operar en España cuando no median recursos escasos, que es cuando los títulos habilitantes los facilita la CMT. Sus dificultades tienen ya más que ver con las actividades empresariales que les son propias que con el marco jurídico, extendiéndose ahora desde la financiación hasta la organización de la producción de sus servicios, su comercialización y la atención a sus clientes.
En efecto, conflictos sobre aspectos económicos, operativos o técnicos de la interconexión, de la portabilidad de los números, del acceso al bucle de abonado, de la selección o la preselección de operadores, vienen componiendo el grueso de las dificultades que los operadores plantean ahora a la CMT. Pocas serían resolubles mediante la modificación del marco jurídico, puesto que son cuestiones muy propias de procesos de producción en los que deben intervenir varias empresas que, sin embargo, compiten en el mercado final. La CMT se ha implicado muy activamente en la búsqueda de soluciones para dificultades de este tipo, incluso determinando procedimientos que son realmente propios de la gestión empresarial conjunta.
LA MEDIACION DE LA CMT
Puede parecer extraño que la CMT, como árbitro, intervenga en lo que es propio de los operadores, porque siempre conocerán éstos mejor que nadie los procesos de producción y comercialización de servicios que se prestaron en monopolio durante muchas décadas, aunque al intervenir ahora varias empresas para producir comunicaciones tengan que retocarlos.
Sin embargo esa reorganización de los procesos de producción de los servicios no siempre las resuelven los operadores, y son ellos quienes piden soluciones a la CMT. Puestos a imaginar por qué, hay que considerar algunas posibilidades como las siguientes, no todas ellas igualmente probables:
- Falla la voluntad de encontrar soluciones buenas por parte de alguno de los operadores que deben cooperar.
- Algunos operadores no tienen los conocimientos exigibles para que el trabajo combinado se resuelva bien.
- La propia dificultad de los nuevos procesos supera a los conocimientos y a la mejor voluntad que pudieran aplicarse a su resolución.
- Se encuentran buenas soluciones conjuntas pero no hay acuerdos sobre la parte que toca a cada uno.
Evidentemente, no es papel de la CMT enseñar su oficio a los operadores ni encontrar soluciones de diseño de procesos productivos que son objetivamente intratables. Es responsabilidad de la CMT, a cambio, arbitrar entre operadores si no se ponen de acuerdo sobre la participación de cada uno en un proceso definido -lo que no representa especial dificultad- e imponerse a una posible voluntad que se niegue a buscar soluciones a estos problemas operativos.
En este último caso, el problema es saber cuándo hay una voluntad hostil, porque es obvio que no se va a presentar como tal, sino que se enmascarará en dificultades que parecen plausibles pero que quizá resulten salvables si se abordan con el mejor oficio disponible aplicado con todo interés.
La CMT se ha dotado de una excelente capacidad técnica con la que puede valorar sin dificultades las ventajas de diversas opciones que le presenten operadores cuando haya discrepancias entre ellos. Ocasionalmente esa capacidad técnica la ha utilizado la CMT para diseñar o dirigir el diseño de procesos operativos en algunos conflictos que, según los operadores, no encontraban solución. Debe reconocerse que alguna vez, después de que la CMT haya podido encontrar e imponer una solución, algún operador la ha descalificado como no especialmente brillante, pero muy raramente ha seguido a la descalificación una propuesta mejor arreglada para todos, que hubiera sido inmediatamente aceptada por la CMT. En resumen, y adentrándose en trabajos que van más allá de lo exigible a un Organo Regulador, esta Comisión ha promovido soluciones y procedimientos para funciones tan propias de la producción de los servicios en cooperación entre competidores como la apertura del bucle, la portabilidad de los números de los abonados o la preselección de operador. Y si algún operador lo puede mejora
- Hay que comenzar por aprobar un marco jurídico apropiado para la liberalización y acompañarlo de la creación de un órgano especializado e independiente que lo aplique, como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
- Los operadores deben aprovechar las condiciones de la nueva regulación para, compitiendo entre sí, ir encontrando las ofertas que mejor satisfacen a los ciudadanos.
- Los ciudadanos deben tener ocasión de valorar bien lo que se les ofrece y no deben tener dificultades para elegir lo que prefieran.
El marco jurídico está completo en todo lo que hacía falta para que nuevos operadores puedan entrar en el mercado y para que puedan empezar a competir, lo que ha supuesto cierta asimetría a su favor en la regulación para compensar la ventaja de partida que tiene el operador histórico, el único que tiene todo lo necesario para todos los servicios y al que todos los ciudadanos conocen.
La acción de la CMT, aplicando el marco jurídico a favor del establecimiento de la competencia, por ejemplo concediendo licencias para operar en nuestro mercado, hace ya tiempo que entró en una rutina sin sorpresas que contrasta con las inquietudes iniciales de los nuevos entrantes. Esta etapa ya está dominada, no genera noticias y el interés se ha trasladado a lo que hacen los operadores.
PUNTOS PENDIENTES
Sin embargo, sería prematuro declarar completado todo el marco jurídico de las telecomunicaciones. Hay algunos puntos que desarrollar aún, como los siguientes:
- Retirar los controles sobre los precios finales de Telefónica.
- Reconvertir los títulos mediante los que Telefónica está autorizada a operar de forma que se homologuen con el nuevo régimen general de títulos habilitantes.
- Completar los preceptos sobre el Servicio Universal.
Los controles sobre los precios finales de Telefónica sólo podrán retirarse cuando los ciudadanos dispongan con facilidad de alternativas a todas sus ofertas de servicio, en medida tal que sea la propia competencia la que discipline los precios y les ponga coto en todas y cada una de las tarifas. Por lo que respecta a los otros dos asuntos pendientes, su resolución no será tardía.
Ocurre, sin embargo, que la nueva situación de competencia no sólo produce ofertas nuevas en el mercado, sino también fuera del mercado de las telecomunicaciones, que, a su vez, van pidiendo adecuación del marco jurídico aplicable a otras actividades. Así, la nueva realidad de numerosos operadores que están estableciendo redes distintas supone abrir calles con una frecuencia mucho más perturbadora de la habitual hasta este momento. Lo mismo ocurre respecto a la proliferación de antenas correspondientes a los distintos operadores de telefonía móvil o de acceso vía radio a los domicilios. Las normas jurídicas de Administración Local no contemplaban estos fenómenos nuevos y su presencia va obligando a los Ayuntamientos y a otros responsables a ir adaptándola y a buscar formas prácticas de convivir con las nuevas situaciones.
Respecto de la actividad de los operadores, mi percepción personal es que no encuentran dificultades para adquirir el derecho a operar en España cuando no median recursos escasos, que es cuando los títulos habilitantes los facilita la CMT. Sus dificultades tienen ya más que ver con las actividades empresariales que les son propias que con el marco jurídico, extendiéndose ahora desde la financiación hasta la organización de la producción de sus servicios, su comercialización y la atención a sus clientes.
En efecto, conflictos sobre aspectos económicos, operativos o técnicos de la interconexión, de la portabilidad de los números, del acceso al bucle de abonado, de la selección o la preselección de operadores, vienen componiendo el grueso de las dificultades que los operadores plantean ahora a la CMT. Pocas serían resolubles mediante la modificación del marco jurídico, puesto que son cuestiones muy propias de procesos de producción en los que deben intervenir varias empresas que, sin embargo, compiten en el mercado final. La CMT se ha implicado muy activamente en la búsqueda de soluciones para dificultades de este tipo, incluso determinando procedimientos que son realmente propios de la gestión empresarial conjunta.
LA MEDIACION DE LA CMT
Puede parecer extraño que la CMT, como árbitro, intervenga en lo que es propio de los operadores, porque siempre conocerán éstos mejor que nadie los procesos de producción y comercialización de servicios que se prestaron en monopolio durante muchas décadas, aunque al intervenir ahora varias empresas para producir comunicaciones tengan que retocarlos.
Sin embargo esa reorganización de los procesos de producción de los servicios no siempre las resuelven los operadores, y son ellos quienes piden soluciones a la CMT. Puestos a imaginar por qué, hay que considerar algunas posibilidades como las siguientes, no todas ellas igualmente probables:
- Falla la voluntad de encontrar soluciones buenas por parte de alguno de los operadores que deben cooperar.
- Algunos operadores no tienen los conocimientos exigibles para que el trabajo combinado se resuelva bien.
- La propia dificultad de los nuevos procesos supera a los conocimientos y a la mejor voluntad que pudieran aplicarse a su resolución.
- Se encuentran buenas soluciones conjuntas pero no hay acuerdos sobre la parte que toca a cada uno.
Evidentemente, no es papel de la CMT enseñar su oficio a los operadores ni encontrar soluciones de diseño de procesos productivos que son objetivamente intratables. Es responsabilidad de la CMT, a cambio, arbitrar entre operadores si no se ponen de acuerdo sobre la participación de cada uno en un proceso definido -lo que no representa especial dificultad- e imponerse a una posible voluntad que se niegue a buscar soluciones a estos problemas operativos.
En este último caso, el problema es saber cuándo hay una voluntad hostil, porque es obvio que no se va a presentar como tal, sino que se enmascarará en dificultades que parecen plausibles pero que quizá resulten salvables si se abordan con el mejor oficio disponible aplicado con todo interés.
La CMT se ha dotado de una excelente capacidad técnica con la que puede valorar sin dificultades las ventajas de diversas opciones que le presenten operadores cuando haya discrepancias entre ellos. Ocasionalmente esa capacidad técnica la ha utilizado la CMT para diseñar o dirigir el diseño de procesos operativos en algunos conflictos que, según los operadores, no encontraban solución. Debe reconocerse que alguna vez, después de que la CMT haya podido encontrar e imponer una solución, algún operador la ha descalificado como no especialmente brillante, pero muy raramente ha seguido a la descalificación una propuesta mejor arreglada para todos, que hubiera sido inmediatamente aceptada por la CMT. En resumen, y adentrándose en trabajos que van más allá de lo exigible a un Organo Regulador, esta Comisión ha promovido soluciones y procedimientos para funciones tan propias de la producción de los servicios en cooperación entre competidores como la apertura del bucle, la portabilidad de los números de los abonados o la preselección de operador. Y si algún operador lo puede mejora
