La LGT y la LA se atragantan en los postres

La Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el nuevo marco legislativo del sector, está teniendo un difícil camino hacia su aprobación. Si se hacen cuentas, resulta que la nueva normativa que debe regular el mercado de las telecomunicaciones lleva más de un año para arriba y para abajo, sin que todavía haya conseguido salir adelante. La empezó Anna Birulés, la anterior ministra de Ciencia y Tecnología, que se empeñó en que el sector debía tener una nueva ley general. Muchos han visto que más que por la necesidad de actualizar la anterior ley de telecomunicaciones, el nacimiento de una nueva norma obedece al típico deseo que, desde los tiempos de Cánovas, han tenido todos los ministros españoles de dejar su impronta en la legislación.
Birulés se marchó antes de acabar su mandato, siendo sustituida por Josep Piqué, que retomó con alegría la elaboración de la LGT. Sin embargo, Piqué rizó el rizo, y a esta nueva normativa quiso añadir la Ley Audiovisual (LA), destinada a convertirse en la primera norma realmente compacta y unificada sobre televisión y medios audiovisuales de la historia de España. Más que la Ley Audiovisual, hubiera sido la Ley Piqué.

Retrasos y retoques. Pero la LGT y la LA, que para el sector tecnológico deberían ser algo así como la constitución en una democracia, se están atragantando en los últimos trámites. Cada una a su manera, están sufriendo distintos retrasos y retoques, cuando no generando conflictos y ampollas, que están haciendo que su alumbramiento sea de todo menos fácil. En la LGT, si bien tuvo una gestación compleja (con innumerables borradores y retoques), en sus últimos trámites hasta el parlamento, y en las enmiendas que está introduciendo el grupo Popular (curiosamente el mismo que parió el anteproyecto), se están cambiando aspectos sustanciales. En la sombra, de tapadillo y casi sin que nadie se entere.
Uno de ellos es el que atañe a la forma de financiar el servicio universal. Comunitariamente, en Europa se contempla que se puedan utilizar varias fórmulas, o una combinación de ellas. A saber: que lo pague el, o, los operadores dominantes; que lo paguen todos los operadores en función de su cuota de mercado; o que lo pague el Estado a través de los presupuestos. Así venía reflejado en el último borrador, hasta que lo vio el Ministerio de Hacienda y obligó al de Ciencia y Tecnología a rescribir ese párrafo y suprimir la posibilidad de que el servicio universal pueda ser financiado con cargo a los presupuestos del Estado.
Otra de las cosas que se pretenden cambiar y modificar con respecto al guión preestablecido es lo que se refiere a la apertura del sector del cable. Uno de los muchos anuncios que hizo Josep Piqué recién aterrizado en el cargo fue que el negocio del cable se iba a liberalizar totalmente. Es decir, cualquier operador que quisiera operar en una demarcación lo podría hacer, rompiendo el extraño monopolio que existe ahora. En estos momentos sólo hay un operador por demarcación, además de Telefónica, que renunció a sus licencias de cable.
Las palabras de Piqué, sin embargo, están alejadas de la realidad. Tanto como se decida en los trámites parlamentarios de la LGT. En una de las enmiendas se pretende concretar en qué consistirá esa liberalización del cable, y lo que está claro es que no será automática. Se establecerá una moratoria razonablemente larga para que grupos como ONO o Auna no vean de repente decenas de cableoperadores plantándoles cara en sus territorios.

Camino de cabras. Pero si lo de la Ley General de Telecomunicaciones no está siendo un camino de rosas, lo de la Ley Audiovisual se ha convertido en un tortuoso camino de cabras. Piqué está empeñado en sacar la ley adelante, algo de lo que no están tan convencidos en Moncloa, que contemplan esta normativa absolutamente en términos de oportunidad política. De hecho, el planteamiento que hace el ministro es el de apaciguador.
La Ley Audiovisual que se ha diseñado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología trata de convencer a todo el mundo (otra cosa es que lo consiga). De esta forma, suaviza enormemente las prohibiciones que se fijaron en la ley de acompañamiento de presupuestos del Estado, según las cuales un grupo empresarial no puede participar en una televisión nacional y las televisiones locales al mismo tiempo (caso de Prisa y Correo).
Fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología explican que desde este organismo “ya se ha hecho el trabajo”. El borrador está listo. Lo único que falta es que desde Moncloa se dé el visto bueno, algo que podría haber ocurrido ya cuando este número de Comunicaciones World esté en la calle. De no salir adelante en esas fechas, o en las inmediatamente posteriores, la oportunidad política para que Piqué consiga poner su nombre a la Ley Audiovisual, y para que ésta salga adelante en la presente legislatura habrán acabado. Pasados esos días, ya no habría tiempo material de hacer que la Ley atraviese todos los trámites parlamentarios antes de finales de año.