| Artículos | 01 NOV 2001

El Gobierno y la CMT se enfrentan en el segmento del cable

La interpretación de cuáles son, según la ley, los servicios cuya prestación queda exclusivamente autorizada a los operadores de cable con licencia, enfrenta a Ciencia y Tecnología y a la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), hasta el punto de que el Ministerio ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el organismo encargado de velar por la competencia en España.
Hace tres años, el Gobierno convocó un concurso con vistas a conceder las licencias oportunas para la prestación de servicios de telecomunicaciones por cable en las diversas regiones en que para ello fue estructurado el territorio nacional. Entonces, los ganadores tuvieron que hacer unos compromisos de inversión a cambio de determinados derechos. Unos derechos que, según los argumentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora, la CMT quiere saltarse a la torera. Con la apertura total del mercado, el coto vedado de estos operadores quedaba restringido a los servicios de televisión por cable en sus respectivas demarcaciones, aunque, en la otra cara de la moneda, también se aliviaron sus compromisos; en un principio, habían de prestar sus servicios sobre fibra o coaxial, mientras que ahora podrán hacerlo a través de cualquier medio, incluido ADSL.

Diversas interpretaciones de un mismo texto. El origen del actual conflicto ha nacido de la ambigüedad de la legislación audiovisual. La CMT está concediendo licencias de tipo C, que permiten a las empresas interesadas la divulgación de servicios audiovisuales, pero, según argumenta, esto permite la retransmisión de televisión, no su difusión, que es precisamente, de acuerdo a su interpretación de la ley, lo que queda reservado para los cableoperadores, y que autoriza a la elaboración de los contenidos. La CMT ya ha concedido varias decenas de licencias C1, en las que están particularmente interesados los más de 150 operadores de televisión por cable locales que ofrecían este tipo de servicios de forma alegal antes de la normalización del segmento en 1998.
Detrás de los múltiples concesionarios, que operan con distintas marcas comerciales -Menta, Ono, Supercable, Madritel, Able, Canarias Telecom, Retecal, R, Telecable, Retena, Reterioja, Euskaltel- en las diferentes demarcaciones, se encuentran como accionistas mayoritarios Ono y Auna.

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