| Artículos | 01 ABR 2006

El diezmo del teléfono

Eugenio Pedrero.
El diezmo (del latín decima, diez) era un impuesto del 10% sobre las ganancias o mercancías que se debía pagar a un rey o gobernante para su mantenimiento. Las referencias al diezmo son ancestrales –se encuentran ya en la Biblia–, aunque, por lo general, el término se asocia culturalmente a la Edad Media y a la Iglesia. Sin embargo, las enciclopedias deberían empezar a incluir una nueva acepción para referirse al mundo de las telecomunicaciones, donde las operadoras sufren –como los campesinos o los mercaderes de hace siglos– el aguijonazo de los impuestos señoriales, con el sobrenombre de “tasas” y “cánones”.
Al margen de los impuestos empresariales por actividades económicas, las operadoras deben abonar un diezmo muy particular: la tasa o canon que pagan anualmente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para el mantenimiento de este organismo. Ese diezmo no es el 10% de los ingresos o las mercancías de las operadoras, aunque como si lo fuera, ya que se trata de un porcentaje; en concreto, el 0,15%, o el 1,5 por mil de los ingresos anuales. Parece una cantidad relativamente reducida, pero, anualmente, el órgano regulador recauda más de 28 millones de euros por tasas y cánones.
Bruselas mira con recelo el excesivo peso tributario que tienen que soportar las operadoras en cada país, y en especial se ha fijado en el caso español, tal como recoge en su último informe de implementación de las comunicaciones electrónicas. La Comisión Europea advierte que está mirando con especial énfasis lo que ocurre con los impuestos locales que sufren las operadoras de móviles por la colocación de antenas, y también, la cuota del 0,15% que tienen que pagar las compañías a la CMT. En principio, esa cuota parece que se va a reducir. Según el informe de implementación elaborado por Bruselas, la CMT ha elaborado unos presupuestos para 2006 barajando una cuota del 0,125%. Pero la percepción de que ese diezmo sigue siendo elevado permanece. Por varias razones. Primero porque, además de la CMT, en el futuro puede haber otro gobernante o mandatario al que alimentar. Se trata de la Agencia del Espectro, que aún no ha empezado a funcionar pero que también “comerá” de las tasas y cánones. Así lo advierte la Comisión Europea, que en su informe recoge el temor de los operadores a que “los nuevos órganos administrativos incrementen el excesivo peso financiero impuesto al sector”.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la CMT, en lugar de emprender una senda hacia la reducción de costes, como haría cualquier empresa privada en un mundo competitivo, ha cogido el camino contrario. Basta mencionar que el coste global por el traslado de la sede a Barcelona podría elevarse a 18 millones de euros. Y en tercer lugar, hay dudas de que el mecanismo diseñado para financiar la Agencia del Espectro funcione. En teoría, tal como viene en la Ley de Telecomunicaciones, la Agencia se debe financiar con el presupuesto que le sobre a la CMT. Pero en los últimos años se han dado curiosos movimientos financieros que sugieren que la CMT hará todo lo posible para que no le sobre nada. En las cuentas de 2003, y posiblemente pensando en la perspectiva de que la futura Agencia se podría quedar con el dinero que le sobraba, la CMT realizó provisiones multimillonarias, de 22 millones de euros, para afrontar posibles fallos en contra de los recursos planteados por las operadoras ante la Audiencia Nacional. De todos es conocido que la CMT suele ganar en tal instancia casi todos los casos, y que por lo tanto no ha lugar a realizar tal cobertura. Aún así, la CMT la hizo, lo que le llevó a que su cuenta de resultados entrara en pérdidas, y por lo tanto, no se pueda sacar dinero de ella para financiar a la Agencia. En 2004, la CMT, aunque menos, ha seguido provisionando esos recursos, con más de diez millones.
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