Buenas intenciones y falacias

Dice el viejo aforismo que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El dicho popular debería matizarse ahora con “…y los ministros también”. José Montilla, ministro de Industria, ha desempolvado la vieja aspiración del Gobierno de impulsar la implantación de operadores móviles virtuales. Mal llamados “revendedores”, este tipo de empresas utiliza las redes de los operadores celulares establecidos para ofrecer servicios a los usuarios finales, comprando capacidad al por mayor a grupos como Telefónica Móviles, Vodafone y Amena para después revenderla al por menor a los clientes, teóricamente a menores precios.
En principio, la idea suena bien. Bajo la bandera de la mayor competencia, se anuncia un paraíso de menores precios para los usuarios finales. Pero bajo esa música celestial, sin embargo, es necesario matizar varios puntos. Como todo, los operadores móviles virtuales tienen sus pros y sus contras.
La idea de Montilla, que ha encargado un análisis de las posibilidades que ofrece este mercado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, no es nueva. Ya en el año 2002, Ana Birulés, por entonces ministra de Ciencia y Tecnología con el Gobierno del PP, trató de impulsar la creación de operadores móviles virtuales. El Gobierno del PP llegó a publicar una orden ministerial que abría las puertas a esa figura empresarial. La orden, que vio la luz el 20 de marzo de 2002, sigue vigente en la actualidad, con efectos nulos. No ha habido acuerdos de los operadores con red para ofrecer su capacidad a los operadores virtuales. La decisión de Montilla es, por lo tanto, una vuelta de tuerca más a un tema recurrente que en España no ha funcionado. La pregunta que hay que hacerse es si la Administración debería insistir en impulsar un modelo de negocio que la propia dinámica del mercado no ha conseguido generar.
Nadie discute que los operadores móviles virtuales, allí donde si han aparecido, han introducido, en mayor o menor medida, ciertos grados de competencia, con la consiguiente reducción de precios. Noruega, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca… Casi todos los países europeos, excepto Italia, Grecia, España y Portugal, cuentan con ese tipo de empresas. Por lo tanto, parece una anacronismo que estos países del Sur no se sumen a la moda empresarial europea de la telefonía móvil. Ahora bien, también es cierto que los mayores y mejores operadores móviles virtuales se han construido a partir de empresas que previamente tenían una fuerte implantación de marca, fundamentalmente por sus actividades en distribución comercial.
Es ahí precisamente donde surgen las dudas de la viabilidad de ese modelo de negocio. Probablemente, y con razón, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena no tendrían problemas en facilitar el alquiler de sus redes a grandes grupos de distribución comercial en España, u otras empresas con fuerte implantación de marca que sirviera de palanca para potenciar las ventas y la distribución de sus servicios. Pero la legislación debe ser muy prudente y ofrecer garantías. Sin prejuzgar a nadie de antemano, no es lo mismo que El Corte Inglés, por poner un ejemplo hipotético, se embarque en la aventura de la distribución virtual de los móviles, a que lo haga un pequeño grupo de dudosa viabilidad que lo único que trata es de aprovechar el oportunismo de rascar unos euros aprovechándose de una normativa que fomenta el café para todos. La telefonía móvil en España se ha construido, a diferencia de la telefonía fija, sobre la base de grupos sólidos que han hecho de la calidad de los servicios su gran ventaja frente a los clientes, al margen de que las tarifas puedan bajar –siempre pueden ser más baratas–. ¿Hasta qué punto serían capaces los pequeños operadores virtuales de soportar ese esquema?
Todo lo que contribuya a bajar los precios es bienvenido. Pero la prudencia impone matizar este principio; de lo contrario se convertiría en una falacia. La competencia no sólo es bajar los precios. También es ofrecer buenos servicios a los clientes, bien por la respetabilidad que ofrece una marca sólida o por el compromiso y las garantías de los nuevos operadores.