Acumulación de conflictos y expedientes

En su último consejo del mes de abril, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decidió remitir al Ministerio Fiscal las denuncias de algunos usuarios particulares contra Retevisión y Uni2 por presunta falsificación de firmas, algo que está tipificado como delito en el Código Penal. Al margen de que el fiscal decida o no abrir una investigación, este hecho es la prueba más evidente de hasta qué punto de deterioro legal ha llegado el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones. Ya nadie discute que la competencia parece librarse más en los tribunales que en el mercado. Un ejemplo estadístico de ello son los más de un centenar de conflictos que se acumulan en la Audiencia Nacional, y las decenas de expedientes que se amontonan en la CMT.
Uno de los frentes donde más polémica está habiendo es en el de la preselección, precisamente el que puede hacer que Retevisión y Uni2 sean investigadas por un posible delito penal. Este servicio permite que un usuario de Telefónica pueda cursar todas, o parte de sus llamadas, a través de un competidor sin la molestia de tener que marcar el habitual código de acceso de ese nuevo operador. En España ya hay un total de 1,5 millones de abonados preseleccionados, frente a los 14 millones de clientes de telecomunicaciones fijas. Es decir, algo más del 10% de los antiguos clientes de Telefónica están cursando todas o parte de sus llamadas con un operador alternativo. El debate no está en averiguar si esa cifra es suficiente o no. Entrar en discusiones sobre cuánta competencia es competencia es del todo estéril. La verdadera reflexión debe estar en qué tipo de prácticas están llevando a cabo las operadoras para conseguir esos preseleccionados, cómo se comporta Telefónica para recuperarlos, y si el usuario está beneficiándose o no de la liberalización.
Según las denuncias de los usuarios contra Retevisión y Uni2, algunos distribuidores de estas compañías falsificaron sus firmas en un contrato para darles servicios. Las compañías se defienden alegando que esos distribuidores, localizados fundamentalmente en Andalucía, se saltaron las normas, y que ya no tienen ningún tipo de relación contractual con el grupo. También alegan que el número de denuncias –un total de trece– no es significativo si se tienen en cuenta los 1,5 millones de preseleccionados que existen en España. Pero estas alegaciones no son suficientes. Las operadoras deben ser conscientes de que su responsabilidad abarca toda la cadena del servicio que ofrecen, lo cual incluye el comportamiento de sus distribuidores. Si éstos, por los motivos que sean, no se ajustan a las normas, no es sólo un problema legal de los distribuidores. También es un problema de control de calidad de las operadoras. Por otro lado, que digan que trece casos no son significativos es una falta de sensibilidad para con los usuarios afectados. Basta con que haya un solo caso en toda España para que las operadoras lo tengan en cuenta. En chusco, algo recuerda al tongo descubierto por El Mundo TV sobre la elección de Miss Alicante y la posible responsabilidad de la organización de Miss España. ¡Qué nivel!
Con todo, el caso de Retevisión y Uni2 no es más que una de las caras de un problema que parece estar gangrenando el proceso liberalizador. En preselección, uno de los servicios que teóricamente más debe impulsar la competencia, Telefónica acumula ya cuatro expedientes sancionadores desde distintos frentes. El pasado año, la CMT ya abrió un expediente por este asunto contra Telefónica, que acabó en una sanción de 2,7 millones de euros. En febrero de este año, el antiguo monopolio sumó otros dos expedientes sancionadores por el mismo asunto. Uno desde los servicios de Defensa de la Competencia, a raíz de una denuncia de Astel (la agrupación que reúne a más de treinta nuevos operadores), y otro desde la propia CMT. En abril, y al mismo tiempo que la CMT remitía al fiscal las denuncias contra Retevisión y Uni2, el organismo regulador del sector telefónico abría su tercer expediente sancionador contra Telefónica por el conflicto de la preselección. En este último expediente, se analiza la actitud de Telefónica, que está aprovechando su posición de dominio y control de datos de abonados preseleccionados para realizar campañas de marketing selectivas para recuperar clientes. Retevisión, Uni2 y Jazztel fueron los encargados de denunciar estas campañas por su dudosa legalidad.
Al margen de quién lleve o no razón, lo cierto es que este tipo de conflictos, lejos de ser una competencia sana, es un lastre innecesario para la apertura del negocio de las telecomunicaciones en España. Ahora más que nunca es cuando el regulador y los tribunales deben mostrarse más activos e implacables. Además de obstaculizar la liberalización, las batallas legales entre operadores sólo van en detrimento de los usuarios, que se ven, innecesariamente, en medio de un fuego cruzado entre compañías.