LSSICE: Opiniones para todos los gustos

Durante el encuentro, celebrado el mismo día que los partidos políticos presentaron sus enmiendas al Proyecto de Ley de Servicios de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE) en el Congreso de los Diputados, Jaime Lissavetzky, del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán Convergencia i Unió (CIU), Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (PP), y Presentación Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (IU) intercambiaron sus opiniones sobre el polémico texto y dieron a conocer las mejoras que, en su opinión, ha de incorporar antes de su aprobación.

Según los representantes de PSOE e IU, los grupos que presentaron en la Cámara Baja las dos únicas enmiendas totales con texto alternativo, el Gobierno, con este proyecto de ley y, en concreto, con algunos de sus artículos de carácter “intervencionista” y controlador, más que beneficiar el desarrollo del comercio electrónico en España, lo perjudica. Así lo aseguró Urán González, quien señaló que “el texto del Gobierno no tiene tanto interés en regular el comercio electrónico como en intervenir directamente, contradiciendo la propia Constitución y obstaculizando el desarrollo de la libertad de la Sociedad de la Información en España”.

Nacida “tocada”
El representante del PSOE, Jaime Lissavetzky, manifestó que el problema de esta futura norma, que ya nace “tocada”, es que “con ella el Gobierno ha querido meter dos leyes en una, la del comercio electrónico y la que protege el derecho de los consumidores, incorporando, además, una regulación abusiva que sobrepasa la propia directiva que pretende trasponer”.

Menos radical fue la opinión de Jané i Guasch, de CIU, si bien aseguró que “hay que revisar algunos artículos. Por eso hemos intentado a través de enmiendas mejorar aspectos del actual proyecto que podrían dar lugar a interpretaciones no deseadas”. Según Jané i Guasch, uno de los artículos a mejorar es el 8, donde “quizá el Gobierno se haya extralimitado al regular los contenidos”.

Por el contrario, el representante del Grupo Popular , Moreno Bonilla, señaló que el texto “no viola derechos fundamentales ni pone cortapisas a la libertad de expresión, pues su único objetivo es crear un marco estable que garantice la seguridad tanto a los prestadores de servicios y respete los derechos de los usuarios.
Sin duda, la indefinición de la “autoridad competente” y las sanciones son los dos aspectos que más críticas están cosechando entre los detractores del proyecto de ley. Según Urán González, “si atendemos a los artículos 37.1.a y 42, se menciona que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología quien, en infracciones graves, tiene la potestad de cerrar un site y no la autoridad judicial competente, que es la que debería tenerla”. Un aspecto también presente en la enmienda parcial de CIU, que critica el artículo 40, en el que “se debería hablar expresamente de una autoridad judicial”. Sin embargo, Moreno Bonilla aseguró que “la ley no atribuye a la autoridad administrativa nuevas competencias de control que no estén ya contempladas en las leyes del mundo real”.

En cuanto a las sanciones, se consideran “desproporcionadas” y “desmedidas” por la mayor parte de los representantes, especialmente las que penan las infracciones leves a pequeñas empresas. Incluso Juan Manuel Moreno, del PP, señaló que, aunque en general su propio grupo piensa que estas sanciones son equilibradas, está estudiando la posibilidad de que, especialmente las infracciones leves, sean más proporcionales al volumen de facturación de las empresas.

Las enmiendas
El proyecto de LSSICE recibió en el Congreso nueve enmiendas a la totalidad, dos de ellas, las de PSOE e IU, con texto alternativo, y el resto presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros seis partidos dentro del Grupo Mixto. Como manifestó en las jornadas organizadas por la Universidad Antonio de Nebrija, Jaime Lissavetzky, del Grupo Socialista, “nuestra propuesta se parece mucho a la Directiva Europea y se diferencia del texto elaborado por el Gobierno en cinco aspectos: se restringe mucho más claramente la aplicación de la ley a la actividad comercial, refuerza la seguridad de las transacciones, define mejor la responsabilidad de los ISP, establece un régimen sancionador más proporcionado y simplifica e incluso elimina las obligaciones adicionales como es la obligatoriedad del registro de una página web con actividad comercial”.




Las asociaciones de usuarios, también contra la LSSICE
La Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras han remitido un texto conjunto a los grupos parlamentarios con el fin de que sus enmiendas a la LSSICE sean escuchadas y consideradas en el debate parlamentario previo a su votación.

Las enmiendas presentadas son, en cierta medida, más de lo mismo. Así, incluyen una mejor definición de autoridad competente, propicia la fijación del límite de lo que es actividad económica y reclaman la proporcionalidad en materia de sanciones y la presunción de celebración de los contratos electrónicos para el domicilio habitual del consumidor. A pesar de estas propuestas, en términos generales las asociaciones “valoran positivamente la existencia de un proyecto de LSSICE”, dice el documento.



Inmaculada Rico
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Esther Macías
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