La UE adopta una directiva para el comercio electrónico

Jonathan Todd, portavoz de la Comisión Europea, declaró ayer que "esto es una prueba de que la cumbre celebrada en marzo en Lisboa está teniendo un efecto acelerador en la actividad legislativa" refiriéndose a los compromisos alcanzados por los representantes de los diferentes estados para promover la existencia de un marco regulatorio común antes de finales de año.

Teniendo en consideración el rápido crecimiento del mercado mundial de comercio electrónico, que, según las previsiones de la Comisión, habrá alcanzado 1,4 billones de dólares en el año 2003, el establecimiento una normativa común que favorezca su desarrollo es de vital importancia para la competitividad de la industria europea.

La Directiva establece el principio de adoptar unas únicas reglas para un mercado común que serán aplicadas a los servicios de comercio electrónico de manera similar a como ocurre con cualquier otra actividad de la UE. Su principal objetivo es eliminar posibles obstáculos legales que dificulten la provisión de servicios online paneuropeos atenuando las posibles divergencias entre las regulaciones nacionales.

Para el logro de este fin, la propuesta establece principios comunes para varios asuntos que la Comisión considera suficientes para garantizar la libre circulación de servicios online, como son los derechos de establecimiento, contratos online o responsabilidades por transmisiones ilegales que pudieran violar las reglas de los derechos de autor, la protección de menores o llevar asociada cualquier práctica criminal.

Además, en ella se presta especial atención a garantizar altos niveles de protección del consumidor, especialmente dando al usuario el derecho de optar por no recibir mensajes de correo no solicitados por él mismo mediante una declaración firmada e incluida en registros de su propio país. Los proveedores de servicios estarán obligados a consultar estos registros de manera regular.

Según la directiva, los proveedores de servicios no asumirán responsabilidad alguna por la transmisión de material ilegal si, una vez hayan recibido datos sobre la naturaleza ilegal de esa transmisión, actúan rápidamente para eliminarla de la red o inhabilitar el acceso a ella. En el caso de los servicios de almacenamiento de información, los proveedores no serán responsables de los contenidos siempre y cuando no tengan información sobre el carácter ilegal de los mismos.

Ayer el Parlamento Europeo aprobó la segunda lectura de la Directiva. Las reglas de la UE establecen que en esta situación una propuesta es considerada como formalmente adoptada y no requiere la consideración final del Consejo de Ministros. Se trata de la primera vez en que se utiliza este procedimiento porque generalmente el Parlamento realiza enmiendas sobre las propuestas del Consejo.

Esta Directiva, que definirá el marco de trabajo común, constituye el eje de los esfuerzos de la UE para promover el comercio electrónico, pero otras propuestas legislativas consideradas de importancia para su desarrollo quedarán a la espera de recibir la aprobación más tarde, aunque también a lo largo de este año. Entre ellas se incluyen directivas relativas a la protección de los derechos de autor, dinero electrónico y venta de servicios financieros.