La Comisión modificará la legislación sobre IVA para favorecer el comercio electrónico en Europa

La propuesta pretende actualizar la legislación relativa a impuestos para adecuarla al nuevo escenario surgido con la aparición del comercio electrónico. Su objetivo es crear un campo de actuación para aquellas compañías que realizan entregas digitales dentro de la Unión Europea (UE), eliminando la desventaja competitiva que ahora padecen las empresas de nuestro contienente.

Si fuera aprobada por los quince estados miembros, según ha revelado un portavoz de la Comisión, la propuesta enmendaría la legislación vigente sobre impuestos de valor añadido (IVA). En concreto, eliminaría la obligación de las compañías con sede en la Unión Europea (UE) de cargar las entregas de bienes digitales con este tipo de impuestos cuando sean hechas fuera de la Unión, y, a su vez, exigiría a los proveedores de fuera de la Unión pagar IVA por sus ventas a ciudadanos de la UE.

Para facilitar la conformidad de las empresas no europeas, la Comisión ha propuesto que puedan registrarse en un único país cualquiera de los 15 miembros para realizar los pagos de IVA siempre que el suministrador haya realizado al menos una entrega en ese Estado.

La propuesta se aplicará a la entrega online de productos como juegos de vídeo, música o software, clasificados en la Unión Europea dentro de la misma categoría que los servicios. No se aplicará al pedidos online de productos como ordenadores, alimentos o flores que no son susceptible de entrega al consumidor por medios electrónicos. Las entregas físicas dentro de la UE ya están sujetas, de hecho, a IVA y los productos exportados fuera de la UE no están gravados con este impuesto.

Actualmente los suministradores de dentro de la UE que venden productos digitales fuera de ella pagan IVA por ello, lo que los coloca en clara desventaja con sus competidores de Estados Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo. Esta desventaja se debe a que las compañías no pertenecientes a la Unión que venden a consumidores de alguno de sus estados no están sujetas a IVA, lo que significa que sus entregas digitales son más baratas o generan mayores márgenes de beneficio que las realizadas por empresas europeas, que tienen que sumar a sus precios ese impuesto.

Aunque el gobierno francés ha considerado esta propuesta de máxima prioridad para los seis meses que durará su presidencia comunitaria (desde el uno de julio hasta el 31 de diciembre de este año), no es previsible que obtenga la rápida aprobación del Consejo de Ministros. Todas las proposiciones de impuestos requieren el apoyo unánime de los 15 miembros, y, según una fuente interna que ha solicitado no ser identificada, Dinamarca y Suecia previsiblemente tendrán “algunas dificultades” para dar su apoyo esta iniciativa.

La supuesta reticencia de estos dos países provendría de que, aunque las 15 naciones integradas en la UE tienen sistemas IVA, las tasas no son las mimas. De hecho, varían desde un 15% en Luxemburgo o un 16% en Alemania hasta el 25% de Suecia y Dinamarca. Los países escandinavos temen que las compañías ajenas a la UE decidan registrarse en las zonas donde se aplica un menor impuesto, que cosecharían los ingresos por las ventas a través de Internet a los consumidores de toda la UE, incluidos los de sus propios países. “Siempre hemos dicho que para tener realmente un mercado único cuando resulta imprescindible una mayor aproximación en las tasas aplicadas en concepto de IVA”, ha comentado otro portavoz en defensa de la propuesta de la Comisión.

Y la situación es compleja porque, por otra parte, cualquier medida que exigiera a las compañías de fuera de la UE registrarse en todos y cada uno de los quince estados y pagar los diferentes IVA aplicados por cada uno de ellos podría resultar en una situación excesivamente complicada para la mayoría de las compañías de pequeño y mediano tamaño, entorpeciendo así el desarrollo del comercio electrónico.