El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones
El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que recibió el pasado viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, establece que mediante un posterior reglamento se podrá permitir la transmisión de los derechos de uso de las frecuencias. A pesar de esta autorización la Administración Central ha descartado la posibilidad de que los poseedores de los derechos puedan venderlos.
Durante el Consejo celebrado por los miembros del Gobierno se acordó remitir la nueva normativa que sustituirá a la ley anterior de abril 1998. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó que "se trata de un texto que aportará al sector una consolidación del mercado en libre competencia, una simplificación de trámites administrativos para los operadores y una mayor protección de los derechos de los usuarios y de las garantías de las empresas que actúen en el sector".
La principal novedad de la Ley radica en la simplificación del régimen de autorización para dar servicios de red o de telecomunicaciones, al eliminar la necesidad de obtener previamente una licencia para comenzar a operar. Con esta modificación, cualquier una persona física o jurídica podrá constituirse en agente y comenzar a operar con sólo notificarlo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), salvo que requiera el uso de espectro, sin necesidad de precisar una licencia o autorización.
La disminución de la intervención administrativa implica una mayor necesidad de aplicación estricta de un régimen sancionador. De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Además, aparte de las sanciones económicas se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Entre las nuevas obligaciones establecidas en la revisión del sector destacan las de interconexión y acceso, es decir, que el operador dominante deba poner los elementos de su red pública a disposición de otros operadores en condiciones de propiciar su entrada en el mercado.
Cabe señalar que se mantiene la institución del "servicio universal" como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica.
Del mismo modo, se recogen los criterios fijados en la normativa comunitaria para la imposición de tasas económicas a los operadores, de modo que los que imponga cada administración deberán sujetarse a los principios de proporcionalidad, transparencia y justificación. Con esto se persigue evitar que unas tasas con cuantías excesivamente altas puedan desincentivar la entrada en el mercado de nuevos operadores. Ante la existencia de varios órganos con competencia en materia de telecomunicaciones, se ha procurado una delimitación clara del ámbito competencial de cada uno de ellos.
El criterio básico sería considerar al Ministerio de Ciencia y Tecnología con competencias en aspectos relativos a las obligaciones de servicio público, la protección de los usuarios y el dominio público y a la CMT en lo relativo al mercado en libre competencia y las relaciones entre los operadores.
La principal novedad de la Ley radica en la simplificación del régimen de autorización para dar servicios de red o de telecomunicaciones, al eliminar la necesidad de obtener previamente una licencia para comenzar a operar. Con esta modificación, cualquier una persona física o jurídica podrá constituirse en agente y comenzar a operar con sólo notificarlo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), salvo que requiera el uso de espectro, sin necesidad de precisar una licencia o autorización.
La disminución de la intervención administrativa implica una mayor necesidad de aplicación estricta de un régimen sancionador. De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Además, aparte de las sanciones económicas se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Entre las nuevas obligaciones establecidas en la revisión del sector destacan las de interconexión y acceso, es decir, que el operador dominante deba poner los elementos de su red pública a disposición de otros operadores en condiciones de propiciar su entrada en el mercado.
Cabe señalar que se mantiene la institución del "servicio universal" como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica.
Del mismo modo, se recogen los criterios fijados en la normativa comunitaria para la imposición de tasas económicas a los operadores, de modo que los que imponga cada administración deberán sujetarse a los principios de proporcionalidad, transparencia y justificación. Con esto se persigue evitar que unas tasas con cuantías excesivamente altas puedan desincentivar la entrada en el mercado de nuevos operadores. Ante la existencia de varios órganos con competencia en materia de telecomunicaciones, se ha procurado una delimitación clara del ámbito competencial de cada uno de ellos.
El criterio básico sería considerar al Ministerio de Ciencia y Tecnología con competencias en aspectos relativos a las obligaciones de servicio público, la protección de los usuarios y el dominio público y a la CMT en lo relativo al mercado en libre competencia y las relaciones entre los operadores.
