Actualidad | Noticias | 21 JUN 2000

El Congreso inicia los trámites para que Internet sea considerado servicio público

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria dieron hoy su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley para otorgar a Internet el carácter de servicio público, lo que garantizaría a cualquier ciudadano el acceso a la Red con una calidad determinada y un precio asequible independientemente del lugar geográfico en que se encuentre.
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Esto supone el inicio de la tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados para modificar -mediante la inclusión de un inciso final en su artículo 37, apartado A- la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, en el seno de la Unión Europea se están llevando a cabo trabajos para adoptar una medida similar, por lo que hasta que se apruebe en Bruselas no se hará efectiva en la normativa española.

El autor de la iniciativa, el diputado de Convergencia i Unió Jordi Jané, afirmó que el objetivo es hacer una modificación "expresa y concreta" de la Ley para que Internet tenga que llegar "a todos los sitios con independencia del coste". Para ello, añadió, habrá que articular un sistema de compensación similar al que se sigue en los servicios públicos de telefonía y correos en aquellas zonas no rentables para los operadores.

Jané destacó que esa disponibilidad en toda la geografía nacional es "tan importante" como la adopción de una tarifa plana de acceso anunciada recientemente por el Gobierno, si bien para CiU el precio de 3.000 pesetas mensuales debería habilitar la conexión a cualquier hora del día, y reducirse a sólo mil si se limita a las horas con tarifa telefónica reducida.

El texto -que será ahora estudiado en comisión antes de volver a someterse al Pleno de la Cámara- establece que la velocidad mínima de conexión deberá situarse entre 28,8 y 64 Kb por segundo con arreglo a la norma I-441, y habrá de estar disponible en todo el territorio español antes del 1 de enero del año próximo.

Los portavoces de todos los grupos, con la excepción de Felipe Alcaraz (IU), quien criticó el cambio de posición de CiU respecto a anteriores debates parlamentarios, aplaudieron la oportunidad de la propuesta. La diputada del PP Ana Mato interpretó la iniciativa como "una muestra de apoyo activa a la decisión del Gobierno del PP de garantizar el acceso a la Red de todos los españoles".

La portavoz del PSOE Francisca Pleguezuelos defendió su carácter de "mecanismo de cohesión social y territorial", aunque recordó la necesidad de abordar el "problema" de la financiación. Por su parte, Luis Mardones (CC) pidió que el compromiso de alcanzado por el Congreso se haga llegar "a todas las operadoras y, especialmente, a Telefónica" para forzarlas a aumentar la capacidad de las vías de comunicación".


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