Telegram, una disputa entre la libertad de expresión y la propiedad intelectual

La popular aplicación de mensajería Telegram está siendo estos días el caballo de batalla entre la preservación de dos derechos como son los de autor y la libertad de expresión y comunicación. La semana pasada, y según explica a este medio el experto y partner y director del departamento de TI/IP de Osborne Clarke, Rafael García del Poyo, la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) acusaba a la plataforma, que es utilizada por casi nueve millones de personas en España, de un presunto delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual, y solicitaba la medida cautelar de paralización de actividades mientras se llevaba a cabo la investigación.

En primera instancia, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, accedía a la petición de las operadoras y ordenaba el bloqueo cautelar de Telegram. Y, es que, recuerda García del Poyo, el magistrado ya solicitó a la empresa información sobre estos canales que lanzan contenidos ‘pirata’ sin recibir respuesta. “Igualmente, en julio de 2023, se pidió la colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas –donde se aloja su sociedad matriz–, que no participaron en el auxilio de que comunicasen a los responsables de la compañía la denuncia y en el que se solicitaba que aportasen información técnica que permitiese identificar a los titulares de las cuentas creadas en esos canales”.

No obstante, y a pesar de que la petición del EGEDA fue considerada como “necesaria, idónea y proporcional”, este mismo lunes, el magistrado Pedraz daba marcha atrás al cierre preventivo de la aplicación en el país alegando que sería una medida “excesiva, no proporcional” y que supondría “un claro prejuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan de forma lícita”, según publica eldiario.es.

Además, el juez reconoce el menoscabo que podría suponer la medida a las empresas que utilizan Telegram para sus actividades comunicativas. De hecho, cuenta García del Poyo, el juzgado ha pedido ya a la Policía Nacional un informe acerca de la incidencia que puede tener para los usuarios la suspensión de este servicio. El abogado reconoce que este vaivén ha generado un debate en el país “sobre la proporcionalidad de la medida en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual y de autor en el ámbito digital”.

De hecho, ComputerWorld también se ha puesto en contacto con Adigital, una de las principales patronales tecnológicas locales, para valorar esta disquisición. “Coincidimos con la opinión sobre la desproporcionalidad del bloqueo cautelar”, aseguran. “No hubiese sido comprensible una medida tan dura, que afecta a todos los usuarios de Telegram; desde empresas a instituciones públicas o ciudadanos que se comunican de forma legal”. Asimismo, continúan desde la asociación, “compartimos dudas sobre cómo se hubiera podido llevar esto a cabo sin vulnerar derechos fundamentales de miles de ciudadanos, como la comunicación, la libertad de expresión o el ejercicio de libre empresa”.

Sin embargo, en este duelo que se ha desencadenado, Adigital reconoce la necesidad de velar por los contenidos protegidos por derechos de autor. “Para ello insistimos en la importancia de la colaboración público-privada, de cada a atajar el problema individualmente y evitar medidas como el bloqueo generalizado […] Es importante señalar dos realidades. Por un lado, el deber de colaboración y la importante labor de control que realizan las plataformas sobre el contenido que intercambian o crean los usuarios; y por otra parte, la ausencia de una obligación general en la normativa de controlar los contenidos que las personas transmiten o almacenan”. Por último, afirman desde la patronal, “estaremos atentos a los resultados del informe sobre la plataforma que ha ordenado el juez”.