El 81,4% de los ciudadanos reclama canales electrónicos para facilitar la participación
Según se desprende del "Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España"publicado por el ONTSI, el 81,4% de la ciudadanía reclama canales adecuados para facilitar la participación y, aunque se mencionan el e-mail y las redes sociales como alternativas, se apuesta por la convivencia entre los medios digitales y los tradicionales.
De acuerdo con las conclusiones del estudio -que analiza la oferta y la demanda en España de Gobierno Abierto, así como las estrategias nacionales e internacionales realizadas hasta la fecha-, el 77% de la población considera que la participación ciudadana mejora la eficiencia de las instituciones y el 70% cree que aumenta la confianza en el Gobierno. Destaca, también, que el 58,6% de los encuestados considera que los canales que existen para participar en los asuntos públicos son insuficientes. A pesar de ello, el 63,5% de los encuestados ha publicado o comentado información política en Internet o ha firmado una petición o manifiesto.
El 70,3% de los ciudadanos considera que la transparencia mejoraría la eficiencia de las administraciones públicas y el 72,1%, que aumentaría la confianza en el Gobierno. En este sentido, la información principal que la población quiere conocer es en qué se gastan el dinero las administraciones y cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
El Gobierno Abierto -según se define en el ‘Estudio Objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales sobre Gobierno Abierto’- consiste en un modelo de gobierno que, sustentado en los principios de transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de las administraciones públicas.
El ciudadano ante la Administración Pública
Los datos revelan que el 65,5% de los ciudadanos valora positivamente los servicios públicos, aunque el 63,2% no confía en las administraciones. Quienes integran mayoritariamente el primer grupo son los jóvenes de entre 18 y 24 años, usuarios de Internet y de administración electrónica; mientras que los mayores de 55, con bajo nivel de estudios y no usuarios de Internet, conforman el segundo.
Según muestra el ‘Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España’, el 65,2% de los ciudadanos que utiliza la administración electrónica valora positivamente la comodidad y el ahorro de tiempo y dinero; e incluye la falta de información y la desconfianza en Internet, entre sus aspectos negativos.
La mayoría de los usuarios de e-Administración tiene estudios superiores o universitarios. Se trata de una población con edades comprendidas entre los 34 y 58 años, que utiliza la administración electrónica principalmente para realizar trámites del DNI, la declaración de la renta, para descargar formularios o para solicitar cita en el médico.
En este sentido, las webs institucionales están bien valoradas. El 84% de los ciudadanos confía en ellas y el 71% las considera fáciles de utilizar. Por otra parte, mientras que un 74,5% manifiesta que tiene intención de usarlas en el futuro, el 95% de la población recomendaría a otros ciudadanos su uso.
Buena parte de las acciones de transparencia llevadas a cabo por los gobiernos se encuadran en el Open Data o implantación de portales web con datos públicos que los ciudadanos pueden consultar y procesar digitalmente. En el caso de la participación, se basan en iniciativas de consultas y peticiones ciudadanas a través de Internet, siendo las actuaciones de colaboración las menos desarrolladas.
Las administraciones públicas españolas han mejorado su presencia en Internet en los últimos años gracias a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. De esta manera, se han integrado en las redes sociales generalistas con un uso informativo, y se han llevado a cabo acciones de consulta ciudadana. Y en estas líneas se sigue trabajando para fomentar la reutilización de la información y generar la “escucha activa” acerca de las preocupaciones los ciudadanos.