Legislación

Astel cree que la ley de telecos no impulsa una competencia efectiva

Los operadores alternativos asociados en Astel valoran positivamente de forma general la nueva Ley de Telecomunicaciones, si bien considera que no contribuye a mejorar la situación competitiva del sector mediante la inclusión de medidas de impulso de la competencia efectiva.

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Astel considera muy adecuadas todas aquellas medidas introducidas por la ley orientadas a facilitar y eliminar las trabas existentes en el despliegue de redes y prestación de servicios. Tales son, entre otras, la posibilidad de utilizar las infraestructuras de otros sectores a efectos de desplegar redes de telecomunicaciones, la mejora en la compartición de infraestructuras, el despliegue en edificios o el inventario de edificios, así como la reducción de cargas administrativas y la simplificación de las obligaciones de información de los operadores.

 

Igualmente, la asociación entiende que las disposiciones encaminadas a recuperar la unidad de mercado y frenar la dispersión normativa y los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones son medidas muy oportunas y que venían siendo reclamadas por el sector desde hace años.

 

Aunque el balance global es positivo, Astel cree, sin embargo, que con esta nueva ley se ha perdido quizás una oportunidad importante de mejorar la situación competitiva del sector mediante la inclusión de medidas de impulso de la competencia efectiva. En concreto, la asociación se refiere a aspectos como la mejora en la definición y regulación del principio de equivalencia aplicable a los operadores dominantes, la eliminación de trabas a la actuación de los organismos reguladores o el necesario reforzamiento e independencia de la CNMC.

 

Tampoco, según Astel, se ha avanzado mucho en eliminar la actual carga a la que están sometidos los operadores, no recogiéndose compensación económica alguna a los operadores por determinadas actuaciones de la Administración ni introduciéndose  posibles mecanismos de financiación o cofinanciación pública para sufragar el servicio universal, dado que el sector de telecomunicaciones se encuentra ya muy gravado, con una fiscalidad muy alta. Del mismo modo, considera que hay algunas ambigüedades en el texto que hubieran sido fácilmente solucionadas, como las medidas de desarrollo de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas o la no exclusión de la aplicación de la regulación de los derechos de consumidores y usuarios a las grandes empresas que negocian sus contratos con los operadores.

 

Astel estima que con la entrada en vigor de esta Ley se crea, en cualquier caso, un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación y la prestación de servicios de telecomunicaciones, que va a permitir ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.

 



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Fernando Rubio Román, CTO de Microsoft España. TECNOLOGÍA
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