Mundo profesional | Noticias | 14 MAY 2019

Multa de tres millones de euros de Competencia a Telefónica

El organismo regulador de los mercados ha penalizado lo que entiende es un uso indebido de la teleco de sus centrales de cabecera.
dinero inversion
Redacción

Nueva sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Telefónica por incumplimiento de sus obligaciones como operador con poder mayoritario en el ámbito de las telecomunicaciones. La CNMC ha multado al operador español con 3 millones de euros por una infracción administrativa muy grave.

Como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha y en la oferta OBA de acceso al bucle de abonado, Telefónica tiene obligación de transparencia y no discriminación en la gestión del espacio disponible en sus centrales de cabecera, que debe compartir con los otros agentes del mercado. La compañía había declarado inviables varias de sus centrales de cabecera bajo la premisa de que no había espacio suficiente para efectuar nuevos despliegues de red. 

Sin embargo, el organismo regulador ha acreditado que la operadora principal del sector teleco en España llevaba haciendo uso indebido de cien de ellas al menos desde 2012, al implantar su nueva red de fibra óptica sin informar previamente a la CNMC y a los operadores alternativos. 

Competencia aclara en la comunicación de la sanción que Telefónica está en su pleno derecho de renovar la planta, pero que tendría que haber comunicado a los otros agentes del mercado la disponibilidad de espacios. Al no hacerlo, se puso a sí misma en situación de ventaja competitiva e impidió que los otros operadores contasen con estas instalaciones para sus propios despliegues. 

El proceso se abría hace casi un año, poco después de que la CNMC oficializase otra sanción a Telefónica, esta de 8,5 millones de euros, por una práctica de "irreplicabilidad económica". Competencia entendía entonces que la teleco había fallado en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias que tiene establecidas en los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales. Se refería, en concreto, al caso denunciado por Euskaltel de la adjudicación del Gobierno vasco a la firma de la prestación de servicios de telecomunicaciones para diversos edificios de la administración autonómica. La teleco vasca aducía que la oferta presentada por Telefónica no era replicable por otros operadores, teniendo en cuenta las condiciones en las que estos le tienen que contratar los servicios mayoristas. Así lo reconocía Competencia. 



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