Movilidad | Noticias | 13 ENE 2011

Los discapacitados piden mayor cohesión social en el acceso a las telecomunicaciones

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propone que la nueva Ley General de Telecomunicaciones garantice el acceso de este colectivo a los servicios de comunicaciones al mismo nivel que al resto de ciudadanos.
Network World

 Un vocal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ha presentado unas aportaciones al anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley General de Telecomunicaciones con el objetivo de alcanzar una mayor cohesión social y garantizar los mismos derechos a las personas con discapacidad y en situaciones sociales especiales que al resto de ciudadanos.

Previamente, en 2007, la Comisión Europea lanzó una propuesta de modificación del ‘Marco Regulador de las Comunicaciones Electrónicas 2002’, que durante los últimos años se ha venido debatiendo con intensidad. En esta revisión, el Gobierno español ha considerado que era “crucial” para el futuro de este sector estratégico en Europa y en España y ha mantenido al mismo tiempo una actitud de gran implicación en la discusión y elaboración de la misma.

En este sentido, se ha venido propugnando que el marco normativo de las telecomunicaciones debería ir evolucionando de manera progresiva, así como que la búsqueda de unos mayores niveles de cohesión social en el seno de la Unión Europea obligaban a reforzar las garantías de acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas para los usuarios con carácter general y, de un modo muy especial, para los usuarios con discapacidades o en situaciones sociales especiales, y, así, garantizar los mismos derechos para estos dos últimos grupos de población que para el resto de ciudadanos.

Por ello, se propone que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general accesible para personas con discapacidad de números de abonados, impresa o electrónica, y que se actualice por lo menos una vez al año. Otra de las propuestas que plantea el CERMI es el objetivo de facilitar la comunicación de determinados grupos ciudadanos como de las personas con discapacidad que estén insuficientemente atendidos, por no ser suficientemente accesibles las tecnologías utilizadas.

También se plantea que, con independencia de lo ya establecido en esta Ley, los usuarios con discapacidad puedan tener acceso a la información de los servicios, contratos y condiciones de los mismos, facturas y demás documentación, de igual forma que el resto de los usuarios, “información que, en todo caso, tendrá que ser proporcionada en formatos accesibles para todas las personas”.

Asimismo, propone la reserva por parte de los radiodifusores de la porción de espectro radioeléctrico necesaria para poder emitir contenidos de televisión accesibles con subtitulado, audio descripción y emisión en lengua de signos para personas con discapacidad sensorial, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, plantea que se considere como infracción grave el incumplimiento por parte de los radiodifusores de la reserva del espectro radioeléctrico que posibilite la emisión de contenidos televisivos accesibles para personas con discapacidad sensorial.

Por último, hace referencia a la regulación de las condiciones aplicables a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas en materia de acceso condicional a los servicios de televisión y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes, con independencia del medio de transmisión utilizado.

Con respecto a garantizar el acceso a usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusión y televisión, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá imponer obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG) para que faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razonables, justas y no discriminatorias, incluyendo su accesibilidad para las personas con discapacidad.

Por otro lado, las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de servicios de televisión digital deberán disponer de capacidad para distribuir programas y servicios de televisión de formato ancho. Este ancho mencionado deberá, por su parte, permitir el envío de la información suficiente para garantizar la accesibilidad al contenido de los programas por las personas con discapacidad, mediante el uso del subtitulado, la audio descripción y la emisión en lengua de signos.

Como obligaciones de servicio público, se impondrán exigencias razonables de transmisión que tendrán que cumplir los canales de programas de radio y televisión, así como exigencias de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público.

Asimismo, se establecerían reglamentariamente condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisión digital para que cooperen en la prestación de servicios de televisión interoperables para los usuarios finales con discapacidad, así como exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad.

 



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