Nuevo curso, nueva ley
El nuevo curso que ahora empieza en el sector de las telecomunicaciones viene cargado de novedades en España. Una de las principales asignaturas por superar este año será la de sacar adelante la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones será uno de los principales retos del nuevo ministro del sector, Josep Piqué. A comienzos de agosto, y en una de sus primeras entrevistas como titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Piqué aseguró que dar luz verde a la Ley de Telecomunicaciones era una prioridad absoluta del Ministerio y que este tema estaría resuelto antes de finales de año. A pesar de la velocidad que Piqué quiere imprimir en el Ministerio, la tarea no será fácil.
La Ley General de Telecomunicaciones es para el sector tecnológico lo que una constitución sería para un país con régimen de democracia: el principal marco de referencia legal sobre el que giran todas las demás normativas y regulaciones. Por ello, cualquier modificación o retoque de la Ley actual suscita inevitables suspicacias, recelos y reacciones por parte de las empresas e instituciones afectadas, como de hecho ha venido ocurriendo en los últimos meses, durante los que se ha venido trabajando en la elaboración y tramitación del primer borrador de esa ley. A partir de ahora, Piqué tendrá que hilar fino para agradar a todos. Las operadoras de telecomunicaciones y las asociaciones del sector, de hecho, consideran que la nueva legislación que la Administración pretende sacar adelante deja sin resolver algunos de los asuntos más espinosos del sector, y de los que más polémica han generado desde que se inició el proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones; entre ellos, el laberinto de competencias en materia de telefonía que existe en estos momentos entre varios ministerios y organismos administrativos.
Por otro lado, la gestación de la nueva ley coincide con un momento en el que se cuestionan o están en el aire otros aspectos clave del sector, como la viabilidad de la telefonía móvil UMTS o de tercera generación, las virtudes del sistema de fijación de tarifas de referencia de Telefónica, o los cambios, en noviembre, de algunos de los miembros de la cúpula de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el principal órgano regulador del sector. Entre esos cambios figura el del propio presidente de la CMT, José María Vázquez-Quintana, del que la mayor parte de expertos del sector consideran que no repetirá mandato. Todo ello sin mencionar los cambios en la misma cúpula del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la sustitución de Anna Birulés por Piqué, que dará paso a nuevas modificaciones en el organigrama del ese ministerio. Al reemplazo del titular de la secretaría de comunicación, Baudilio Tomé, que quedó perfilado antes de las vacaciones de agosto, le seguirán otros cambios en otros puestos inferiores.
La suma de todos estos factores puede crear un cóctel difícil de manejar de aquí a los próximos meses. Todo dependerá de la habilidad de Piqué para aunar intereses y minimizar los desencuentros, características de las que ha que no ha estado dotado hasta ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Críticas y comentarios
En cualquier caso, las discrepancias, antes incluso de que se empiece a debatir públicamente la conveniencia o no de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, ya están servidas. Aunque el parón estival dejó el asunto aparcado, lo cierto es que la mayor parte de las compañías de telecomunicaciones han venido estudiando a fondo las reformas que la nueva Ley General de Telecomunicaciones trae consigo. Agrupaciones como Astel, que reúne a más de una treintena de operadores rivales de Telefónica, han preparado ya sus comentarios al primer borrador de la nueva ley, destinada a cambiar la normativa vigente. La actual legislación, vigente desde hace cuatro años, modificó la antigua Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones para permitir la apertura del mercado de telefonía en España a nuevos competidores. La pregunta inmediata que ha surgido es si realmente es necesario modificar una legislación tan importante cuando apenas han pasado cuatro años desde que se implantó y cuando ni siquiera ha dado tiempo a que de sus frutos.
Algunas de las conclusiones de los nuevos operadores son muy claras. La nueva ley que quiere imponer la Administración brilla más por lo que se deja fuera que por sus cambios, que en muchos casos, no son nada radicales y suponen sólo un pequeño aderezo de maquillaje sobre lo ya existente.
Las compañías consideran que se mantiene intacto el caótico reparto de competencias existente ahora en cuanto a los órganos administrativos responsables del sector. Así, el poder se lo distribuyen entre los ministerios de Ciencia y Tecnología, Hacienda y Economía. Las empresas critican lo absurdo de algunas situaciones, como por ejemplo la fijación de tarifas de Telefónica. Las competencias en materia de precios finales al consumidor dependen de Economía, pero la CMT mantiene la potestad de fijar los precios intermedios, es decir, los de interconexión, que se cobran unas compañías a otras por usar sus redes. Hasta julio de este año, la CMT era un organismo teóricamente independiente, aunque estaba adscrito al ministerio de Economía. Ahora, teóricamente sigue siendo independiente, pero está adscrito a Ciencia y Tecnología, aunque de una forma poco clara. ¿De quién dependerá la decisión del nombramiento, dentro de unas semanas, de su presidente? ¿De Economía o de Ciencia y Tecnología? Según la Administración, se hará de forma “consensuada”, aunque nadie duda de que el peso significativo en la decisión lo seguirá teniendo Economía. Este Ministerio, por otra parte, no ha cedido su función de fijar las tarifas de Telefónica. Sin embargo, es Piqué, el ministro de Ciencia y Tecnología, el que en una nueva entrevista durante el mes de agosto, pronosticó que el sistema de fijación de precios, conocido por el nombre inglés de price cap (tope de precios), se suavizará en la próxima revisión, prevista para octubre.
Más lagunas
Con todo, éstas no son las únicas lagunas en torno a la nueva Ley General. Si se hace un análisis exhaustivo aparecen decenas de incertidumbres. Por ejemplo, a Hacienda le corresponde fijar el precio de tasas del espectro radioeléctrico, cuando es Ciencia y Tecnología el departamento que administra su concesión. Por otra parte, Telefónica abrió durante el pasado mes de agosto el frente sobre qué poder corresponde a la CMT en materia de competencia. Telefónica, que recibió durante el mes de julio dos multas históricas por parte de la Comisión, criticó el excesivo celo que ha puesto este organismo en los últimos meses en su actividad sancionadora por motivos de competencia, poniendo en tela de juicio hasta qué punto la CMT estaba usurpando las funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia. La nueva ley, o al menos el borrador, no deja claro los papeles; en cambio, vuelve a ahondar más las divergencias.
Uno de los puntos que cambia en la nueva normativa es que a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones se le da el derecho de determinar qué es operador domi
La nueva Ley General de Telecomunicaciones será uno de los principales retos del nuevo ministro del sector, Josep Piqué. A comienzos de agosto, y en una de sus primeras entrevistas como titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Piqué aseguró que dar luz verde a la Ley de Telecomunicaciones era una prioridad absoluta del Ministerio y que este tema estaría resuelto antes de finales de año. A pesar de la velocidad que Piqué quiere imprimir en el Ministerio, la tarea no será fácil.
La Ley General de Telecomunicaciones es para el sector tecnológico lo que una constitución sería para un país con régimen de democracia: el principal marco de referencia legal sobre el que giran todas las demás normativas y regulaciones. Por ello, cualquier modificación o retoque de la Ley actual suscita inevitables suspicacias, recelos y reacciones por parte de las empresas e instituciones afectadas, como de hecho ha venido ocurriendo en los últimos meses, durante los que se ha venido trabajando en la elaboración y tramitación del primer borrador de esa ley. A partir de ahora, Piqué tendrá que hilar fino para agradar a todos. Las operadoras de telecomunicaciones y las asociaciones del sector, de hecho, consideran que la nueva legislación que la Administración pretende sacar adelante deja sin resolver algunos de los asuntos más espinosos del sector, y de los que más polémica han generado desde que se inició el proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones; entre ellos, el laberinto de competencias en materia de telefonía que existe en estos momentos entre varios ministerios y organismos administrativos.
Por otro lado, la gestación de la nueva ley coincide con un momento en el que se cuestionan o están en el aire otros aspectos clave del sector, como la viabilidad de la telefonía móvil UMTS o de tercera generación, las virtudes del sistema de fijación de tarifas de referencia de Telefónica, o los cambios, en noviembre, de algunos de los miembros de la cúpula de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el principal órgano regulador del sector. Entre esos cambios figura el del propio presidente de la CMT, José María Vázquez-Quintana, del que la mayor parte de expertos del sector consideran que no repetirá mandato. Todo ello sin mencionar los cambios en la misma cúpula del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la sustitución de Anna Birulés por Piqué, que dará paso a nuevas modificaciones en el organigrama del ese ministerio. Al reemplazo del titular de la secretaría de comunicación, Baudilio Tomé, que quedó perfilado antes de las vacaciones de agosto, le seguirán otros cambios en otros puestos inferiores.
La suma de todos estos factores puede crear un cóctel difícil de manejar de aquí a los próximos meses. Todo dependerá de la habilidad de Piqué para aunar intereses y minimizar los desencuentros, características de las que ha que no ha estado dotado hasta ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Críticas y comentarios
En cualquier caso, las discrepancias, antes incluso de que se empiece a debatir públicamente la conveniencia o no de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, ya están servidas. Aunque el parón estival dejó el asunto aparcado, lo cierto es que la mayor parte de las compañías de telecomunicaciones han venido estudiando a fondo las reformas que la nueva Ley General de Telecomunicaciones trae consigo. Agrupaciones como Astel, que reúne a más de una treintena de operadores rivales de Telefónica, han preparado ya sus comentarios al primer borrador de la nueva ley, destinada a cambiar la normativa vigente. La actual legislación, vigente desde hace cuatro años, modificó la antigua Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones para permitir la apertura del mercado de telefonía en España a nuevos competidores. La pregunta inmediata que ha surgido es si realmente es necesario modificar una legislación tan importante cuando apenas han pasado cuatro años desde que se implantó y cuando ni siquiera ha dado tiempo a que de sus frutos.
Algunas de las conclusiones de los nuevos operadores son muy claras. La nueva ley que quiere imponer la Administración brilla más por lo que se deja fuera que por sus cambios, que en muchos casos, no son nada radicales y suponen sólo un pequeño aderezo de maquillaje sobre lo ya existente.
Las compañías consideran que se mantiene intacto el caótico reparto de competencias existente ahora en cuanto a los órganos administrativos responsables del sector. Así, el poder se lo distribuyen entre los ministerios de Ciencia y Tecnología, Hacienda y Economía. Las empresas critican lo absurdo de algunas situaciones, como por ejemplo la fijación de tarifas de Telefónica. Las competencias en materia de precios finales al consumidor dependen de Economía, pero la CMT mantiene la potestad de fijar los precios intermedios, es decir, los de interconexión, que se cobran unas compañías a otras por usar sus redes. Hasta julio de este año, la CMT era un organismo teóricamente independiente, aunque estaba adscrito al ministerio de Economía. Ahora, teóricamente sigue siendo independiente, pero está adscrito a Ciencia y Tecnología, aunque de una forma poco clara. ¿De quién dependerá la decisión del nombramiento, dentro de unas semanas, de su presidente? ¿De Economía o de Ciencia y Tecnología? Según la Administración, se hará de forma “consensuada”, aunque nadie duda de que el peso significativo en la decisión lo seguirá teniendo Economía. Este Ministerio, por otra parte, no ha cedido su función de fijar las tarifas de Telefónica. Sin embargo, es Piqué, el ministro de Ciencia y Tecnología, el que en una nueva entrevista durante el mes de agosto, pronosticó que el sistema de fijación de precios, conocido por el nombre inglés de price cap (tope de precios), se suavizará en la próxima revisión, prevista para octubre.
Más lagunas
Con todo, éstas no son las únicas lagunas en torno a la nueva Ley General. Si se hace un análisis exhaustivo aparecen decenas de incertidumbres. Por ejemplo, a Hacienda le corresponde fijar el precio de tasas del espectro radioeléctrico, cuando es Ciencia y Tecnología el departamento que administra su concesión. Por otra parte, Telefónica abrió durante el pasado mes de agosto el frente sobre qué poder corresponde a la CMT en materia de competencia. Telefónica, que recibió durante el mes de julio dos multas históricas por parte de la Comisión, criticó el excesivo celo que ha puesto este organismo en los últimos meses en su actividad sancionadora por motivos de competencia, poniendo en tela de juicio hasta qué punto la CMT estaba usurpando las funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia. La nueva ley, o al menos el borrador, no deja claro los papeles; en cambio, vuelve a ahondar más las divergencias.
Uno de los puntos que cambia en la nueva normativa es que a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones se le da el derecho de determinar qué es operador domi
