| Artículos | 01 NOV 2002

Crueles ironías

Decía recientemente el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que, dado el retraso del lanzamiento comercial de servicios como la telefonía móvil 3G o la televisión digital, es “complicado jurídicamente”, pero de “sentido común”, la supresión de ciertos compromisos ligados a las licencias. Piqué ya anunció, dentro del paquete de medidas para aumentar la competencia en el sector, la eliminación de algunos compromisos de los operadores de cable y de LMDS, y que se estaba estudiando el caso de los operadores de UMTS. Es una opción, pero sin mucho sentido práctico cuando otros tiros del Gobierno van en distinta dirección.
Días antes de que Piqué hiciera estas declaraciones, Aniel denunciaba que las nuevas medidas fiscales gravan aún más a los operadores. La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones se opone al nuevo modelo de financiación local elaborado por el Gobierno, ya que supondrá que el impuesto de actividades económicas (IAE) de las operadoras móviles se multiplicará por doce. Y no sólo eso; las nuevas empresas de telefonía fija deberán hacer frente a un nuevo impuesto del 1,5% de sus ingresos brutos.
Aniel considera que las propuestas presentadas por el Ministerio de Hacienda suponen un “extraordinario incremento” de la presión fiscal sobre el sector de las telecomunicaciones, que ya soporta “una de las más elevadas cargas impositivas” de todos los sectores de la economía.
Para la patronal de las telecomunicaciones, estas cargas no harán más que agravar la ya “delicada situación” que atraviesa el sector, que se ha traducido en la paralización de inversiones y en la destrucción de empleo.
Para Aniel estas propuestas demuestran que “no existe un marco de seguridad jurídica tributaria” que permita el desarrollo estable de la actividad de las empresas, lo que pone en peligro el futuro del sector y el desarrollo de nuevas infraestructuras.
La Asociación considera especialmente “gravosa” la creación de una tarifa específica dentro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para los operadores de telefonía móvil, que ya deben hacer frente a la tasa por el uso del espectro radioeléctrico. Esta nueva tasa supone multiplicar por más de doce veces este impuesto para el próximo ejercicio.
De esta forma, cada operador será gravado con 1,7 euros por usuario, lo que puede dar lugar a “un incremento de los precios” para los clientes. Esta tasa es aún más significativa en el caso de los usuarios de prepago, dado que carecen de un mínimo de facturación. Por este motivo, la patronal teme que las operadoras se vean obligadas a modificar su política comercial en este campo, clave para la generalización de la telefonía móvil en España.
Al mismo tiempo, Aniel considera que se ha perdido una oportunidad de “resolver los graves problemas de despliegue” de infraestructuras a los que se enfrentan las operadoras.
Por otra parte, y con relación a la telefonía fija, critica que todos los nuevos operadores de telefonía fija deberán pagar una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, que supondrá el 1,5% de sus ingresos brutos.
Aniel señala, además, que estas medidas se suman a las propuestas de incremento de “en torno a un 5%” para los operadores móviles y LMDS de la tasa del espectro radioeléctrico, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
Desde la asociación se recuerda que aunque en 2002 el Gobierno rebajó sustancialmente la tasa por el uso del espectro, ésta se situó en una cifra “más de tres veces superior a su valor en el año 2000”. Con relación a la cuantía de esta tasa para los servicios punto a punto, que sufragan fundamentalmente los operadores de telefonía fija, señala que aumentará un 2% en 2002, lo que la situará un 172% por encima de su valor inicial.
Todo el sector depende de la adecuada regulación de un mercado con alarmantes síntomas de crisis, económica y de modelo de negocio. Y jugar a crueles ironías no es hacer política. La política es otra cosa.

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