Actualidad | Noticias | 11 SEP 2007

Telefónica recurre la multa impuesta por la Comisión Europea

Días antes de que expire el plazo para recurrir la multa de 151,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea el pasado mes de julio por abuso muy grave de posición dominante en el mercado de ADSL , Telefónica ha pedido formalmente la anulación o reducción de tal sanción al Tribunal de Luxemburgo.
Comunicaciones World
 

El recurso, presentado ayer al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, se basa tanto en errores de procedimiento como de apreciación de la situación competitiva en España durante el proceso iniciado por la Comisión contra el operador a instancias de Wanadoo. 

En un comunicado dado a conocer a finales de julio, Telefónica ya avanzaba su intención de recurrir la “inexplicable decisión” de la CE, que supuso la sanción económica más elevada impuesta hasta entonces por las autoridades europeas a un operador de telecomunicaciones. La compañía rechazaba por “injustificada y desproprocionada la decisión de Bruselas, tanto en el plano jurídico como económico y de mercado”, asegurando estar “convencida de haber cumplido a rajatabla con los exigentes parámetros de la CMT que, en aras de la competencia, regula ex ante cualquier iniciativa propuesta por Telefónica para ofrecer la mejor y más variada cartera de productos y servicios a los consumidores”.

Según el operador, “desde el punto de vista jurídico, es la primera vez que la Comisión –con una argumentación totalmente contradictoria, ya que los precios altos permiten por definición márgenes a los competidores- impone una multa por estrechamiento de márgenes en relación a un servicio no esencial como es el servicio mayorista de acceso indirecto, que ni siquiera existe como obligación regulatoria en algunos países de nuestro entorno”.

La compañía esgrime en su defensa la evolución favorable del mercado de banda ancha en España  para sus competidores, un mercado donde Telefónica ha ido reduciendo su presencia “de forma significativa y constante”. Asimismo, el comunicado recoge el incremento que se ha producido en nuestro país de las conexiones de banda ancha entre 2001 y 2005, “en línea con el de otros Estados Miembros comparables de la UE” y como la propia Comisión Europea reconocía en su último informe anual.

El conflicto se remonta a 2001, fecha en la que Wanadoo denunció a Telefónica por aprovechar su fuerte posición para expulsar a sus competidores del mercado. Hasta entonces, Bruselas había sancionado a la francesa Wanadoo con 10,35 millones de euros y a la alemana Deutsche Telekom con 12,6 millones de euros por abuso de posición dominante en acceso a la red local y a Internet.

El pasado mes de julio la Comisión decidió zanjar el procedimiento iniciado contra Telefónica con la imposición de la sanción económica que ahora recurre el operador español. Según la CE, las prácticas comerciales de Telefónica dificultaban el crecimiento de sus competidores, que se veían obligados a asumir pérdidas para igualar los precios minoristas del operador dominante. De acuerdo con Bruselas, los usuarios españoles pagan por los accesos ADSL un 20% más que el promedio de la UE de los 15,  mientras que su índice de penetración es un 20% inferior y su crecimiento un 30% más bajo.

"Cuando se perjudica a consumidores y empresarios en un mercado tan importante,toda la economía se resiente. No consentiré que las empresas dominantes fijen unos precios que den al traste con la liberalización de las telecomunicaciones", afirmó la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en el momento de darse a conocer la sanción. Kroes señaló además a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) como responsable de la situación, al permitir a Telefónica a hacer ofertas especiales en detrimento de sus competidores.

La CMT, por su parte, se defendió acusando a la CE de haber aplicado la legislación relativa al Derecho de la Competencia, y no la que corresponde a los reguladores nacionales. "Cuando un tema ha sido tratado por un regulador, en este caso por la CMT, y es abierto por la Comisión Europea y reanalizado con otra normativa y otra metodología, aparece una cierta contradicción que, en muchos casos, se puede plantaer como inseguridad jurídica", puntualizó en su defensa el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez.


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