Actualidad | Noticias | 01 JUL 2010

Sebastián no se posiciona ante el veto del Gobierno portugués a la operación entre PT y Telefónica

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, no ha querido tomar partido sobre la decisión del gobierno portugués de aplicar la "acción de oro" para frenar la operación de compra de la participación de Portugal Telcom (PT) en Vivo por parte de Telefónica.
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Miguel Sebastián ha calificado de "decisión soberana" el veto impuesto por el Gobierno portugués a la operación pactada entre PT y Telefónica sobre Vivo, valorada en 71.510 millones de euros y que cuenta con el visto bueno del 73,9% de los accionistas presentes en la junta general del operador luso.

El Gobierno responde así a una operación que ha sido criticada tanto por la Comisión Europea como por los socialdemócratas portugueses, el mayor partido de la oposición en el país. "No voy a hacer ninguna valoración", dijo Sebastián tras presentar la Comunicación de la Unión Europea sobre turismo, añadiendo que el Ministerio de Industria no había recibido ninguna llamada ni de Telefónica ni del Gobierno luso sobre este asunto.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Telefónica aseguró por su parte que el veto "es ilegal, al vulnerar, además del Derecho portugués, el Derecho Comunitario y en particular, entre otros, el artículo 56 del Tratado CE", además de destacar que el propio consejo de administración de PT "ha manifestado la improcedencia de la utilización de la ´Golden Share´". Ante la intervención lusa, Telefónica ha decidido ampliar el plazo de aceptación de su oferta al día 16 de julio.

La Comisión Europea ha afirmado que los derechos especiales que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT), más conocidos como la ´acción de oro´, son "incompatibles con la legislación europea”. Para la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios Financieros, Chantal Hughes, “la ´acción de oro´ constituye una “restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento, dificultando tanto la inversión directa como la cartera de inversiones".



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