Partidos y asociaciones toman posiciones frente a la próxima aprobación de la tarifa plana por red telefónica

La intención del Gobierno de complementar la actual tarifa plana basada en ADSL -considerada en general como cara y de aplicación limitada-, dentro de un paquete de medidas para acelerar la liberalización de las telecomunicaciones, ha sido recibida mayoritariamente como un primer paso hacia la generalización de Internet en la sociedad española. No obstante, partidos y asociaciones exigen más detalles sobre la medida, especialmente en cuanto al precio y las condiciones en que finalmente se aprobará, para concretar sus posiciones.

De momento, el PSOE e IU prefieren insistir en forzar al Gobierno a que considere el acceso a Internet como "servicio universal". Según la portavoz adjunta del grupo socialista en la Comisión del Congreso de Ciencia y Tecnología, Francisca Pleguezuelos, la puesta en marcha de la tarifa plana todavía es una "hipótesis", si bien afirma que con toda probabilidad de llevarse a cabo se haría mediante la apertura del bucle local. Por otra parte, Pleguezuelos apunta que hará una pregunta al Gobierno en la Comisión para que explique el estado en que se encuentra la implantación de la tecnología ADSL que el ejecutivo impulsó como medio para establecer la tarifa plana.

Una posición muy próxima a la del PSOE es la de IU, cuyo portavoz en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, Gaspar Llamazares, ha declarado que la probable decisión del Gobierno de establecer una tarifa plana asequible a Internet es un "primer paso" que debe ser acompañado por más medidas que conviertan el acceso a Internet en un derecho universal. Para Llamazares, existen otros problemas relacionados con el acceso a Internet y a los que el Gobierno deberá hacer frente, como el reducido parque de ordenadores y la dificultad de acceso de las regiones periféricas.

En cuanto a las asociaciones de usuarios, la AI espera que la oferta que apruebe el Consejo de Ministros el próximo viernes se sitúe en 3.000 pesetas, al tratarse de la red telefónica básica. Su presidente, Victor Domingo, ha solicitado al Ministerio concretar la fórmula que se utilizará, pues al basarse en la red telefónica debería incluir la transmisión de voz y datos, lo que supondría la liberalización del bucle local y la entrada de la competencia en las llamadas metropolitanas. Además, Domingo señala que las acciones de protesta que la asociación desarrolla desde la pasada semana continuarán mientras estas medidas no aparezcan "por escrito en el BOE".

Para la AUI, la tarifa plana por red telefónica ha de basarse en la contratación de un ancho de banda suficiente que garantice la calidad del servicio, un modelo que debería sustituir al actual, basado en la facturación por tiempo de conexión y distancia. Para su presidente, Miguel Pérez Subías, se deben suprimir las barreras que impiden el desarrollo de la competencia en el bucle local de abonado y que facilitaría la aproximación real entre oferta y demanda, y consecuentemente, una reducción de precios. En su opinión, "una tarifa realista" debería situarse alrededor de las 2.800 pesetas, que es el consumo mensual medio del 87% de los internautas.

Finalmente, la OCU se muestra partidaria de que la tarifa plana no supere las 2.000 pesetas, ya que de lo contrario "sería inasumible" por buena parte de los internautas españoles. Según su portavoz, José María Múgica, la medida de liberalizar las llamadas telefónicas locales es "muy buena", pero se debería hacer mediante la apertura del bucle local, "lo que obligaría a Telefónica a ceder su red a otras compañías".