Organizaciones Europeas manifiestan su rechazo al "Paquete Telecom"

La carta emitida por diversas organizaciones europeas contra el nuevo paquete de reformas que se ha desarrollado para el mercado de las telecomunicaciones en pone de manifiesto “los riesgo implícitos que supone el Paquete Telecom y las enmiendas a él propuestas”, ya que consideran que la diversificación de las ofertas o las políticas de gestión del tráfico puede estar “disfrazando limitaciones y promocionando o priorizando determinados contenidos, servicios o aplicaciones”. En el comunicado se pone de relieve que el nuevo marco regulatorio restringe las libertades y permite que los proveedores de acceso impongan sus limitaciones sobre lo que se puede visitar en la Red.
Según estas organizaciones, las nuevas disposiciones podrían favorecer que los operadores de redes puedan utilizar las políticas de gestión para priorizar determinados contenidos, servicios y aplicaciones sobre el resto, con lo que no sólo se limitará la competencia sino que también se restringiría la libertad de expresión e información. Entre las peticiones que realizan se demandan mayores garantías para los usuarios y que las autoridades dispongan de suficientes poderes para que puedan supervisar y controlar las políticas y prácticas. El establecimiento de límites a los derechos y libertades únicamente debería hacerse sobre la base de la protección del interés general y no de intereses privados”. Quieren que desaparezcan las referencias a limitaciones y condiciones en el acceso a las redes, los contenidos, servicios y aplicaciones; y rechazan la propuesta de la directiva de Servicio Universal, así como a la que se refiere a la privacidad y comunicaciones electrónicas.
Esta carta ha sido emitida con motivo de que hoy se vota en el Parlamento Europeo la segunda lectura del nuevo "Paquete de Telecomunicaciones", que recoge la reforma de la legislación comunitaria que regiré este mercado. Si se consigue alcanzar un acuerdo aún deberá pasar a la Eurocámara para que el próximo mes de mayo de su apoyo a la reforma, la cual entraría en vigor en enero de 2010.