Actualidad | Noticias | 18 OCT 2004

(Opinión) ¿Todos ganan?

Desde el mes de junio, en el mercado español de las telecomunicaciones se ha desatado una avalancha de ofertas que en algunos casos prometen hasta llamadas gratuitas. Un maremágnum así -en el que han aparecido combinaciones hasta ahora poco explotadas, como tarifas planas para paquetes integrados de ADSL y comunicaciones de voz- no se daba desde 1999, primer año completo del proceso de liberalización de las telecomunicaciones.
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Ejemplos ha habido cada semana. Si en junio Telefónica lanzaba una oferta para duplicar la velocidad de ADSL sin aumentar el precio, a los pocos días era Tiscali quien entraba en el negocio de voz con ofertas muy agresivas. Y si Jazztel anunciaba un ADSL de un mega más tarifa plana de voz por 39 euros, Uni2 replicaba con conexiones a Internet y tarifa plana de voz por 36 euros.
Mientras tanto, en The Phone House rizaban el rizo y anunciaban la posibilidad de hacer llamadas gratis. Cualquier usuario que haya rastreado la evolución de las ofertas pensaría que España, de repente, se ha convertido en el paraíso del teléfono.

Sería una desfachatez negar los beneficios que esta carrera comercial trae al mercado. La lógica económica dice que si los usuarios disfrutan de mejores precios, demandarán más servicios. Esto, a su vez, supondría una mayor utilización de las redes, lo cual redundaría en provecho de las operadoras, que llevan años esperando el despegue de productos como la banda ancha. Bajo este esquema, todos ganan.

Pero tan insensato sería negar los beneficios como pasar por alto la otra cara de la moneda. Frente a la vorágine de ofertas que acaba de llegar a la costa española puede haber pequeñas lagunas en las que el sector termine ahogándose. Son dos, una que afecta directamente al usuario y otra a los reguladores.

La que afecta los usuarios es tan antigua como el mercado mismo. El famoso refrán de “nadie da duros a cuatro pesetas” sigue vigente. La tormenta de ofertas que ahora llega puede producir un segundo espejismo como el de 1999, un año en el que los usuarios españoles no tardaron en descubrir que bajo cada promoción había siempre una letra pequeña que anulaba las posibles ventajas. Una de las ofertas que más ha proliferado en los tres últimos meses es la del doble de velocidad de ADSL por el mismo precio. Precisamente, la velocidad de ADSL ha sido una de las quejas más habituales en los últimos años por parte de los usuarios. No tanto por el precio, sino porque las operadoras prometían una velocidad determinada sin advertir que era la máxima a la que podían llegar, pero que en realidad sólo garantizaban una décima parte de la misma, como efectivamente terminaba ocurriendo. De no vigilarse este aspecto, los usuarios pueden acabar aún más enredados en esa trampa comercial.

En cuanto a los reguladores, la última carrera de ofertas será la prueba definitiva que confirme que la normativa siempre es lenta y termina dando respuesta a un problema cuando ya se ha planteado el siguiente. La avalancha de promociones pone en tela de juicio muchos planteamientos regulatorios ahora vigentes. Por ejemplo, el price cap, o régimen de precios que Telefónica tiene que seguir por imperativo legal. Debido al price cap, Telefónica tiene las manos atadas para emular las ofertas integradas de ADSL y voz que están lanzando otros. Lo que se está produciendo es, por lo tanto, una aceleración de la competencia a medias, por no llamarla ficticia.

Por otra parte, todas las ofertas que están surgiendo giran en torno a las redes de telefonía fija, precisamente las que más han visto castigados sus márgenes en los últimos años por los efectos de la competencia. La pregunta inmediata es ¿qué pasa con los móviles? Muchas lenguas hablarán durante estos días de que la competencia en el sector de las telecomunicaciones se ha disparado, a la vista de las ofertas que han aparecido en los tres últimos meses. Pero en un país como España, en el que el gasto de telecomunicaciones móviles por parte de los usuarios superó el pasado año a las telecomunicaciones fijas (8.811 millones de euros frente a 8.254 millones), hablar de competencia cogiendo sólo el ejemplo de la telefonía fija es pura ficción.

En el segmento de móviles, las tarifas apenas han descendido en los últimos años, pasando de unos 0,23 euros el minuto en enero de 2004 a 0,22 euros el minuto en octubre de 2003, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). En el mismo periodo, sin embargo, los precios del minuto de fijo se han reducido casi en la mitad, de 0,085 euros a 0,045 euros.

Una regulación que no aborde la telefonía móvil como un servicio esencial, equiparable a los fijos (de hecho ya hay más del doble de teléfonos móviles que de fijos), estará fuera de la realidad. Ha llegado la hora de articular ciertas medidas que favorezcan la reducción de precios para los usuarios en telefonía móvil. Con todo, deberían ser medidas sensatas, que no cayeran en el error político de la demagogia. Tan descabellado sería obviar que la telefonía móvil tiene unos precios muy superiores a la fija como intentar ahora atajar el problema de una sola vez. El último borrador de la CMT, en el que plantea reducciones de precios de interconexión para móviles de hasta el 24%, parece más una demostración de fuerza ajena a las consecuencias que eso pueda acarrear, que una propuesta ponderada fruto del diálogo con todas las partes.


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