Actualidad | Noticias | 10 NOV 2005

(Opinión) No ignore la ley

Comunicaciones World
La panadería de Matabuena, un pueblecito de la provincia de Segovia, tiene una entrada pequeña, un mostrador chiquito y una oronda panadera que permite a sus parroquianos colgar anuncios en las paredes de la tahona. Entre los habituales carteles de venta de pisos y pintores a domicilio, llama la atención el aviso de que existe una hoja de reclamaciones en el consistorio para todos aquellos vecinos que sufran problemas en la recepción de las señales radioeléctricas. Con todas las reclamaciones se hará un escrito dirigido a los responsables del Ministerio de Industria. La iniciativa no parte del Ayuntamiento, sino de los propios vecinos, que deben andar bastante molestos con este asunto y otros parecidos. No olvidemos que las empresas de telecomunicaciones ocupan el primer lugar en número de reclamaciones, por delante del mercado de la vivienda y de los seguros.

La reciente creación de una Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente de la Dirección General de Telecomunicaciones, ha sido la respuesta del Gobierno para ofrecer a los consumidores unos mecanismos eficaces con los que agilizar sus quejas. Esta Oficina se abrió al público el pasado 25 de abril y ese mismo mes se publicó el Real Decreto que regula los títulos II y II de la Ley General de Telecomunicaciones. Entre sus artículos se cita dos veces la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, también conocida como LSSICE. Estas dos leyes y el Real Decreto, junto con la Oficina de Atención al usuario, han creado un nuevo marco legal y jurídico al que todos los profesionales relacionados con el mundo de las telecomunicaciones deben prestar atención. Pero, entonces, ¿debe usted leer, por ejemplo, los 119 artículos y seis disposiciones transitorias del Real Decreto?

Como estamos de leyes, se lo digo en latín: “ignorantia iuris neminem excusat”. Cuando la LSSICE estaba a punto de ser aprobada apareció un pequeño cuento sobre las posibles consecuencias de tener y mantener un sitio web que ignore lo establecido en esa Ley. El inspector de esa pequeña historia -que, por cierto, tiene la misma consideración que un inspector de Hacienda- encuentra, sin despeinarse, cuatro infracciones graves y dos leves que pueden suponer más de 600.000 euros de multa para los dueños de las páginas. Se trata de un ejercicio de imaginación, pero basado en las reglas que han sido aceptadas para regular nuestra actividad. Ahora juntemos el nuevo marco legal y el ruido de sables de todos esos usuarios que han recibido, unas veces, un trato abusivo, en otras, un mal servicio y, en muchos casos, la peor respuesta posible a sus quejas: ninguna. El resultado puede ser desastroso para aquellas empresas que no tomen las medidas necesarias para cumplir con las nuevas leyes y sus correspondientes reglamentos.

La conocida frase del cine negro “va a necesitar un buen abogado, señor” resume el presente y el futuro de muchas compañías de telecomunicaciones. Será el presente para aquellas que ya cuenten con el asesoramiento legal que les permita adecuarse a las nuevas leyes. Y será el futuro para el resto de empresas que hagan caso omiso de la nueva situación y que, antes o después, recibirán la visita del inspector de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. Casi nada.

Jaime Fernández
tnt@idg.es


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