Actualidad | Noticias | 28 OCT 2005

(Opinión) Liberalización de precios, paso a paso

Las intenciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de poner fin a décadas de precios intervenidos en la telefonía fija es, a priori, una buena noticia.
Comunicaciones World

El próximo mes se cumplen siete años desde que, el día 1 de diciembre de 1998, el Gobierno abriera el mercado de telefonía fija a cualquier operador, además de Telefónica y la antigua Retevisión. Durante estos siete años, sin embargo, se ha vivido en una liberalización ficticia. No hay nada más incongruente que el hecho de hablar de libertad de mercado y, al mismo tiempo, a través del Boletín Oficial del Estado, fijar directamente los precios del operador dominante, que, al fin y al cabo, sirven de “benchmarking” para el resto de compañías. Ha sido una liberalización con el BOE siempre en la retaguardia y, por lo tanto, una apertura edulcorada.

La pregunta que surge es si el mercado está maduro como para digerir fácilmente una libertad de precios total. La respuesta es que no. La CMT tendrá que hilar fino para conjugar lo ideal –libertad de movimientos comerciales, vengan de donde vengan- con lo real –una serie de asignaturas pendientes que pueden hacer que el nuevo curso se nos atragante-.
Empieza a ser un anacronismo que Telefónica siga viendo constreñidos sus movimientos comerciales a golpe de “price cap”, el sistema de regulación de precios a la que ha estado sujeta todo este tiempo. Pero tampoco es menos cierto lo que dicen sus rivales. Que el poder del antiguo monopolio sigue siendo tan aplastante, con una cuota superior al 70%, que si se le permitiera rienda suelta volvería al monopolio.

Igualmente llena de aristas puede resultar la intención de la CMT de eliminar lo que se ha venido a denominar “no discriminación” y “promediación geográfica”, según las cuales, las tarifas son uniformes independientemente de la región o del usuario. Un mercado en libertad es consistente con la idea de poder ofrecer distintos precios a los usuarios en función de su perfil (de consumo, de su situación geográfica, etc.). Ahora bien, en el sector de telecomunicaciones, en el que no todos los clientes ni todas las regiones son rentables, eso podría llevar a situaciones indeseables, como, por ejemplo, desincentivar el despliegue de redes u ofertas en determinados lugares y hacia ciertos colectivos.

Es una loable aspiración, en este como en otros ámbitos, que la regulación de precios quede relegada al pasado. Pero tampoco se le puede decir adiós de forma radical, bajo la ilusión óptica de que la mecánica de la libertad de precios funciona por sí sola. Primero hay que engrasarla, y segundo, hay que vigilar de forma permanente que sus engranajes no se deterioran. Dentro de ese engrase previo y necesario, la CMT debe dar respuesta a problemas como el del servicio universal. El servicio universal compensa a Telefónica por ofrecer líneas que en situación de mercado no se darían por no ser rentables. ¿Significa que una vez que llega la situación de mercado total esos servicios van a desaparecer? ¿Debería el servicio universal ser un coste que asuman las arcas del Estado?

Por otra parte, se ha dicho que con la libertad de precios total, lo que ocurrirá es que se vigilarán los comportamientos comerciales no “a priori”, sino “a posteriori”, cuando se vea que generan problemas. Es una afirmación con enorme carga de incertidumbre. Dónde está escrito en qué consisten esos problemas, y sobre todo, quién vigilará y cuándo. ¿Todo dependerá de la discrecionalidad de la CMT? ¿Debería ser el Tribunal de Defensa de la Competencia el que decidiera? Antes de embarcarse en una nueva aventura, quizá sea necesario un debate sosegado y tranquilo, sin la premura que imponen los plazos habituales de las consultas públicas oficiales.


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