Las operadoras consideran ilegal el nuevo impuesto para financiar RTVE

El modelo de financiación de las televisiones públicas que quiere establecer el Gobierno está motivando el rechazo de todos los agentes implicados. Primero fueron asociaciones como Astel, Asimelec o Aetic quienes criticaban la creación de un nuevo impuesto que graba al sector de las telecomunicaciones y ahora son las propias operadoras las que muestran su rechazo a esta propuesta y, sobre todo, a querer imponerla sin tener en cuenta la opinión del sector.
Tras el anuncio de que se va a eliminar la publicidad en RTVE, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comunicaba ayer miércoles que el 24% de los gastos que se producirán por esta medida deberán ser sufragados por las cadenas privadas y las operadoras de telecomunicaciones mediante un nuevo canon. El Gobierno pretende que las operadoras aporten el 0,9% de sus ingresos totales en concepto de una nueva tasa para recaudar casi 300 millones de euros, mientras que las televisiones privadas tendrán que hacer frente a este nuevo canon con un 3% de sus ingresos. Además, la RTVE recibirá el 80% de lo que se recaude por la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico regulada en la Ley General de Telecomunicaciones, y contará también con los ingresos obtenidos por el ejercicio de sus actividades y por la comercialización de sus servicios y productos.
El Ejecutivo ha apoyado esta medida alegando que deberán ser los beneficiados por el nuevo modelo de televisión pública quienes financien el déficit que se producirá en la entidad pública. Sin embargo, las operadoras argumentan que éste es uno de los sectores más penalizados fiscalmente y muestran su total rechazo ante este nuevo impuesto. Por su parte, Redtel ha manifestado que están planteándose acudir a la Unión Europea porque consideran que esta medida no es legal, ya que no se recoge en ninguna regulación que tengan que financiar a la televisión pública porque sea eliminada la publicidad de ella. Piensan que es injusto que los operadores de telecomunicaciones tengan que financiar una entidad pública que opera en un mercado diferente al suyo como es el audiovisual. Asimismo, la asociación también ha advertido que esta medida podría motivar un aumento de precios para los usuarios finales. 

Para la AI era de esperar 
En un comunicado de la Asociación de Internautas, ésta muestra igualmente su rechazo al nuevo canon y considera que “está en sintonía con lo que ha venido manifestando la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, para quien el canon no son mas que unos céntimos, y para quien la banda ancha no tiene otro objetivo mas que facilitar las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor (…) ignorando que todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, está pasando a la Red convirtiéndose más en el centro universal del saber”. Además, considera que al imponer un nuevo impuesto a la conexión a banda ancha “introduce un elemento de discriminación en el acceso al conocimiento y el disfrute de derechos sociales básicos que cuanto menos ponen en duda constitucionalidad de la medida y su solidaridad”.