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La legislación española no limita las condiciones de los contratos de permanencia para telefonía móvil

Mientras que en otros países de Europa, las leyes establecen una normativa que delimita los abusos por parte del operador en materia de permanencia y bloqueo de terminales, en España no existe ninguna legislación que regule estas prácticas.

Un estudio realizado por Simyo pone de manifiesto que la situación de la telefonía móvil en nuestro país es diferente a la de otros países europeos. Mientras que en Bélgica está prohibido vincular un teléfono a un servicio y, por tanto, no existe el problema del bloqueo; en países como Dinamarca, Francia, Noruega o Italia el operador sólo puede bloquearlo por un periodo de tiempo limitado, que alcanza los seis meses en los dos primeros casos y se extiende al año o año y medio en el resto. En Finlandia el subsidio de terminales 2G está prohibido y el tiempo máximo estipulado por la ley para contratos de permanencia es de dos años con la posibilidad de liberarlo pasado ese periodo. El operador debe vender sin subvención los mismos terminales que ofrece vinculados a una oferta.
En otros países, como Irlanda, el cliente puede exigir el desbloqueo del terminal en cualquier momento, o se obliga al operador a notificar la situación del terminal y si está bloqueado que se debe hacer para desbloquearlo, como en el Reino Unido. En Holanda, los reguladores exigen a los operadores de telefonía móvil una total transparencia en las condiciones de contratación, bloqueo de terminales y duración de los contratos de permanencia.
España muestra una situación bastante diferente, ya que a pesar de disponer de uno de los marcos que ofrece más garantías en materia de derechos del usuario de telecomunicaciones no existe una normativa específica que regule o limite las condiciones de los contratos de permanencia para telefonía móvil, como tampoco existe regulación sobre el bloqueo de terminales. La subvención masiva de terminales se utiliza como herramienta para atraer usuarios de otros operadores en lugar de ofertar nuevos servicios y tarifas competitivas. Además, existe una falta de transparencia generalizada en las ofertas, ya que no se informa al cliente de que el terminal que está adquiriendo está subvencionado, ni de la penalización en caso de baja anticipada y no existe opción de comparar la oferta del terminal subvencionado con lo que le costaría como móvil libre. Otra práctica muy utilizada en España es la vinculación del terminal con la prestación del servicio mediante contratos de permanencia de larga duración y consumos mínimos mensuales, de manera que el usuario no percibe que es posible cambiar de operador ni durante ni con posterioridad al término de la financiación del terminal. Además, se aplican penalizaciones desproporcionadas en caso de baja anticipada. Por último, el usuario se ve obligado a permanecer con un mismo operador durante el período permanencia mediante el bloqueo indefinido del terminal, sin que exista ninguna obligación por parte del operador de desbloquear el móvil cuando ha terminado el contrato de permanencia.



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