La Generalitat no reconoce poder a la CMT para alterar su contrato con Telefónica
Según informaba ayer El País, el Gobierno catalán no reconoce la autoridad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para cambiar las condiciones del contrato que ha firmado con Telefónica para que conecte con banda ancha su red sanitaria.
Así lo reflejan las alegaciones presentadas por el Gobierno de la Generalitat al órgano regulador, cuyos servicios ven fuera de la legalidad, por bajos, los precios en que se basó la oferta de este operador en el concurso público catalán resuelto hace tres meses.
Siempre según El País, dos de las tres alegaciones presentadas hacen referencia a las competencias de la propia de CMT, a la que el Ejecutivo catalán niega potestad legal para 'modificar el contenido de un contrato entre un operador y una administración pública' y para aplicar las medidas cautelares que contiene la propuesta de resolución de la CMT que este jueves debatirá su Consejo y que obligarían a Telefónica a ajustarse al régimen vigente de precios. Hasta que el Consejo tome una decisión formal, ni Telefónica ni Retevisión, que perdió el concurso, se pronunciarán sobre el tema.
'Sólo un juez o el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat pueden cambiar el contrato', subrayó Jordi Alvinyà, secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 'y sólo el Ministerio de Ciencia y Tecnología podría pronunciarse sobre los precios al cliente final'. Alvinyà anticipó que, si el Consejo de la CMT respalda la posición de sus técnicos, está dispuesta a llevar al regulador a los tribunales.
El Gobierno catalán también niega que subir los precios de Telefónica sea proteger el interés público. 'Sería pagar más dinero público por los servicios que contrató, e irían a parar al operador dominante', comentó Alvinyà.
