La AUI valora el Gobierno de Montilla

Según la AUI, durante este periodo las actuaciones emprendidas se han centrado, especialmente, en la telefonía móvil, la atención al usuario y el desarrollo del Plan Avanza. Entre los aspectos que se han dejado de lado destaca la falta de beligerancia en el tema del canon digital y una falta de atención al sector en general.

Tras el nombramiento de Joan Clos como nuevo Ministro de Industria, la Asociación de Usuarios de Internet ha analizado estos casi dos y medio de gobierno en los que ha estado al frente José Montilla.
Una de las apuestas más acertadas ha sido el Plan Avanza que aboga por la modernización de la administración con iniciativas singulares como el DNI electrónico, Sanidad en línea, Internet en el Aula o la modernización de la Administración de Justicia. Sin embargo, para la AUI su campo de acción tiene que ser más extenso, ya que las Administraciones Públicas deberían recoger el sentir ciudadano, compartir y colaborar con ellos de forma que se deje ver en el desarrollo e implantación de los nuevos proyectos, como el DNI electrónico.
En palabras de Pérez Subías, “sólo si el ciudadano percibe y ve que le aporta utilidad, comodidad, seguridad y privacidad hará uso del e-DNI. De nada sirve tener aplicaciones si no hay usuarios que puedan aprovechar sus beneficios. Por ello el esfuerzo de las administraciones debe priorizar la incorporación de los ciudadanos a la SI”.
La Asociación sugiere la posibilidad de unificar bajo el e-DNI toda la información administrativa que en la actualidad se encuentra en diferentes tarjetas. De esta forma tendríamos en un único soporte el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria y todas las informaciones de interés para el usuario como alergias, grupo sanguíneo e, incluso, información particular para aprovechar las características de seguridad que ofrece el e-DNI.
La AUI también señala que el Plan Avanza, carece, hasta el momento, de un plan de seguimiento y coordinación de las actividades desarrolladas por diferentes administraciones en un momento en el que la responsabilidad del desarrollo de la SI se ha transferido a las CCAA.
Uno de los aspectos que la AUI valora positivamente son los avances en materia de atención al usuario que ha desarrollado el Ministerio de Industria con la creación de la Oficina de Usuarios de Telecomunicaciones. En este campo, el Ministerio de Industria, ha reforzado las exigencias de calidad en el servicio, imponiendo la facturación por segundos, aumentando la transparencia en la facturación y reforzando los requisitos de protección a los ciudadanos. Algunas de estas medidas suponen la obligación de los operadores de contar con un servicio de quejas y reclamaciones, la rescisión de contrato por parte del abonado con un preaviso de 15 días, la compensación al usuario en caso de incumplimiento de los compromisos de calidad y el derecho a recibir una facturación detallada.
En el ámbito de la telefonía móvil se ha aumentado la cobertura hasta alcanzar el 99%, se ha conseguido que la tecnología 3G despegue y que el país tenga un nivel de uso pionero en el mundo. Pero la AUI afirma que se puede ir mucho más lejos, aprovechando las utilidades que la tecnología móvil ofrece.
El despliegue de la banda ancha para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información está teniendo un recorrido meteórico. Hasta diciembre de 2005 se registraron 5 millones de accesos a banda ancha, lo que supone un incremento del 47% respecto a diciembre de 2004. Pero la Asociación de Usuarios de Internet señala que todavía quedan muchas zonas en España que no tienen acceso a la red, primero tiene que crecer el número de usuarios y luego tomar otras medidas, el nivel de usuarios continúa siendo muy bajo.
En la valoración de esta Asociación también se critica la nueva ley anunciada la semana pasada y que tiene como objetivo fomentar la Sociedad de la Información, ya que consideran que supondrá un mayor control de acceso a los contenidos internacionales en red, invade los derechos fundamentales de los usuarios y otorga un excesivo control a los entes administrativos.

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