Actualidad | Noticias | 17 DIC 2004

La Administración Pública avanza hacia la seguridad en la protección de datos personales

La protección de los datos de carácter personal se ha convertido en una cuestión a tener muy en cuenta tanto desde la vertiente de las organizaciones públicas como de las privadas. Conscientes de esta trascendencia, desde la Administración Pública se están dando los pasos para hacer frente a los nuevos retos que plantea el uso de los datos personales para impulsar la relación con los ciudadanos gracias a las nuevas tecnologías.
Encarna González

Así ha quedado manifiesto durante la jornada “La seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal en la Administración Pública” celebrada en Barcelona por la Agencia Catalana de Protección de Datos, la ISACA (Asociación para la auditoria y control de los sistemas de información), y la Escuela de Prevención y Seguridad Integral.

Ante la complejidad de los sistemas de información y los continuos avances tecnológicos, las formas que tiene la Administración Pública para relacionarse con sus ciudadanos está experimentando cambios notables. En este escenario, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales que manejan tanto administraciones como empresas, se convierte en un aspecto a considerar de gran relevancia. En este marco, Ignacio Alamillo, director de asesoramiento e investigación de la Agencia Catalana de Certificación (CATCert), señala a la firma electrónica como uno de los principales aspectos que están impulsando el avance hacia la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de los datos personales. “La firma electrónica se configura como la máxima expresión de las garantías a los procedimientos con gestión de datos personales. No obstante, las administraciones tienen que fomentar aún más el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos de acuerdo con las leyes establecidas”, explica el responsable. En este sentido, Alamillo ha apuntado que cualquier área en la que se implanten tecnologías de la información se producirán ahorros importantes ya que, “sólo por contratar servicios de la Administración de forma electrónica en lugar de emplear el método tradicional supondría un ahorro de 19.000 euros anuales en la Unión Europea”.
Partiendo de la permisa de que, en un futuro no demasiado lejano, cualquier ciudadano que quiera relacionarse con la administración deberá de hacerlo teniendo firma electrónica, Ignacio Alamillo señala que “ningún trámite con la administración utilizará sistemas de contraseñas, ya que no es lo suficientemente fiable, sino mediante mecanismos de encriptación y firma electrónica

Marco normativo
Con todo ello, el avance en materia legislativa se convierte en un aspecto de especial relevancia en la contribución al desarrollo de medidas que permitan una completa protección de los dato personales que manejan las administraciones de tal manera que exista una “tendencia a que todas las informaciones de las diferentes Administraciones Públicas estén digitalizadas y permita agilizar los trámites de los ciudadanos”, matiza Alamillo. En este sentido, el responsable señala la trascendencia de algunas de las prácticas que ya se están llevando a cabo gracias al marco legislativo existente tales como la Ley de Firma Electrónica de 2003 que “implica un mejor tratamiento de las cuestiones de datos personales, así como existen otras novedades en el reconocimiento de la firma electrónica o los pasos que se están dando hacia el documento nacional de identidad electrónico”, expone Alamillo. Además, el responsable apunta hacia otras iniciativas que denotan el impulso que están experimentando los proyectos que comportan el uso de firma digital tales como la factura telemática o el hecho de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria haya podido realizar 246 millones de transacciones, “una cifra difícil de alcanzar si no se hubiera utilizado la forma electrónica para agilizar estos trámites”, reflexiona Ignacio Alamillo.
En la misma línea, Antoni Bosch, presidente de Cataluña y Baleares de ISACA, destaca el importante papel que juega la Administración Pública en el control de la información y qué modelos utiliza para tener todos los procesos bajo control. Al hilo de estas consideraciones, el responsable señala que “ya son muchas las organizaciones que reconocen los beneficios que la tecnología puede proporcionar y las que tendrán éxito, no serán aquellas que no tienen riesgos sino las que entienden y administran los riesgos asociados con la implementación nuevas tecnologías”, concluye Bosch.



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