Actualidad | Noticias | 19 OCT 2007

HP Dragon da respuesta a la nueva Ley de Conservación de Datos

Tags: Servicios
Dragon ayuda a las operadoras a cumplir los requerimientos que impone la nueva Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones (25/2007) que se acaba de aprobar.
Juana Gandía

 Esta Ley obliga a las operadoras a guardar durante un año las comunicaciones que sus clientes hayan efectuado por telefonía móvil, fija e Internet. Para dar respuesta a esta necesidad a la que se enfrentan las operadoras, Hewlett Packard ha desarrollado Retetion and Guardian Online (Dragon). Solución extremo a extremo que incorpora software, hardware (unidades de servidores y almacenamiento) y servicios. “El periodo de tiempo con que cuentan las operadoras para adaptar sus estructuras a la nueva normativa es muy breve. Tienen que tomar decisiones rápidas pero efectivas. Con Dragon ofrecemos una solución específicamente diseñada para resolver esta problemática, que está madura y adaptada a la reglamentación española”, comenta Juan Manuel Robles, director de consultoría de Sector Telecomunicaciones y Media de HP.

HP comenzó a implementar este tipo de soluciones hace diez años en Italia y hoy cuenta con ocho instalaciones de referencia: siete en Italia, dos en Turquía y una realizada recientemente en Dinamarca. Según confirma Juan Manuel Robles las operadoras españolas aún no han realizado ninguna implementación de este tipo que les permita cumplir con la normativa. “Han estado esperando a la redacción final de la Ley, ya que hasta el último momento no se sabía el tipo de servicios que iba a recoger. La normativa hace referencia a la telefonía fija y móvil, así como a los servicios básicos de Internet, pero no se incluyen otro más avanzados como el chat o la mensajería instantánea, aunque no se descarta que en un futuro los incluya. Nosotros ya estamos en conversaciones con todas las operadoras para ofrecerles nuestra solución. Este producto lo vamos a comercializar a través de la venta directa ya que cada proyecto es diferente y cada proveedor tiene unas necesidades diferentes. Luego será nuestro canal quien se encargue del crecimiento evolutivo de las necesidades del cliente”.

Dragon permite gestionar gran cantidad de datos y garantiza que la información esté controlada y auditable. Esta se almacena en el sistema de forma digital, encriptada y certificada para asegurar su confidencialidad y evitar las fugas de información. Es una solución flexible y modular que permite ir adaptándose a los requerimientos futuros que tenga el cliente y a las modificaciones que imponga la Ley. “La solución debe ser lo suficientemente flexible como para poder ir incorporando nuevos servicios. También debe aportar escalabilidad vertical y horizontal ya que se espera que el volumen de información en las comunicaciones tenga un gran crecimiento. Actualmente, se genera al día un volumen de entre 500 y 700 millones de eventos de voz, mientras que en lo que respecta a los datos esto se incrementa en cinco o diez veces”.

 

Ley española derivada de una europea

La Ley de Conservación de Datos es una transposición de una Directiva de la Unión Europea del año 2006, que ya ha sido adaptada en diferentes países de la UE con objeto de luchar contra el terrorismo, y se dirige a operadores fijos y móviles, vía satélite y por cable, proveedores de Internet y compañías de comunicaciones electrónicas que presten servicios de voz, mensajería, acceso a Internet, correo electrónico y telefonía por Internet. Esta Ley les obliga a guardar la información durante un año (máximo dos) de sus clientes, incluyendo identificación del usuario, hora, fecha y duración de la llamada, identificación del equipo desde donde se realiza, tipo de servicio y localización. Los datos que se deben retener están relacionados con el tráfico, nunca con los contenidos. Esta información debe estar clasificada y protegida ya que solamente puede ser suministrada, bajo autorización, a las agencias de seguridad (Policía, agencias aduaneras y la Organización de Inteligencia española). Las empresas no podrán utilizarla con fines comerciales ni corporativos. Para entregar esta información, la operadora tiene un plazo máximo de 72 horas, tiempo que podrá ser menor si así lo dispusiera el juez. Una vez concluido el proceso, la información debe ser destruida.

Para adaptarse a la normativa las operadoras tienen un plazo de 20 días, ampliable a seis meses para las tarjetas prepago. En este último caso, las operadoras tendrán la obligación de identificar a los titulares de todas aquellas que se adquieran desde la entrada en vigor de la Ley, mientras que para las que se han contratado con anterioridad tendrán dos años para identificar a sus propietarios y sino pudieran darlas de baja. Según datos de la CMT, actualmente en España hay más de 20 millones de clientes de prepago, lo que supone un 42% del total de usuarios móviles.



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