El Tribunal Supremo da vía libre a las aportaciones de los operadores a RTVE
El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de la aportación de los operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE solicitada por Telefónica, Vodafone y Ono.
El Tribunal Supremo entiende que la suspensión de los preceptos impugnados "supondría una grave perturbación de los intereses públicos, en general, en tanto que la irreparabilidad o irreversibilidad de los perjuicios que la medida cautelar podría evitar tampoco queda suficientemente acreditada".
Sin embargo, el Alto Tribunal considera que el riesgo que denuncian los recurrentes para pedir la suspensión cautelar "puede ser minimizado o eliminado acudiendo a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones", a la que la Ley autoriza a fraccionar o aplazar los pagos.
A juicio de las compañías que solicitaron la suspensión cautelar de las aportaciones de los operadores a la financiación de RTVE, estas medidas "no se ajustan a los principios constitucionales de la Directiva Europea de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas", además de "no someterse al principio constitucional de reserva de la Ley, al extralimitarse en la definición del sujeto pasivo obligado a realizar la aportación y establecer una nueva obligación tributaria no recogida en la Ley". Además, justifican la necesidad y urgencia de la medida cautelar al entender que la ejecución de la norma supone un "daño económico actual y futuro" y que afecta a su posición competitiva con respecto a aquellos operadores que no están obligados a hacer esta aportación.
El Gobierno se ha mostrado satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo al entender, según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, que la suspensión cautelar de las aportaciones de los operadores habría hecho necesario reformular el presupuesto de RTVE hasta la resolución definitiva de la demanda formulada por dichos operadores, con los "evidentes perjuicios" que ello hubiera supuesto para la viabilidad de RTVE. Asimismo, se ha mostrado convencido de la "plena legalidad" del modelo de financiación de la corporación, que "garantiza la sostenibilidad económica de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de los ciudadanos".
