El Parlamento Europeo rechaza la creación de un regulador único
El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de crear un regulador único y propone la creación de un Consejo de Regulares en el que se integren las comisiones nacionales de los 27 Estados miembros.
La Eurocámara ha adoptado un paquete de normas que revisa la legislación vigente relativa a los servicios de comunicación electrónica telefonía fija y móvil, Internet de banda ancha o la televisión por cable, con el fin de mercado de las telecomunicaciones al estado actual del sector.
El paquete legislativo que consta de dos directivas, un reglamento y un informe de iniciativa no vinculante. El objetivo de esta reforma es reforzar los derechos de los consumidores en sus comunicaciones electrónicas, ofreciéndoles una mayor oferta gracias a una mayor competencia entre los operadores de telecomunicaciones. La normativa también pretende promover la inversión en nuevas estructuras de comunicaciones, liberando radiofrecuencias para los servicios inalámbricos de banda ancha y haciendo más seguras las redes de comunicación.
El BERT sustituye al EECMA
La Eurocámara ha rechazado la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (EECMA) y propone un Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunicaciones (BERT), el cual contará con un Consejo de Reguladores integrado por las 27 autoridades nacionales de reglamentación.
El BERT estará cofinanciado por la Unión y los Estados miembros a través de las autoridades reguladoras nacionales, pero no se especifican que es lo que aportará cada uno.
A diferencia de la Comisión, que sugiere fusionar la actual Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) con la EECMA, los diputados opinan que el nuevo organismo regulador no debería estar a cargo de la seguridad de las redes y de la información.
Por otra parte, la Eurocámara introduce un nuevo procedimiento de “corregulación”, que propone que cualquier decisión de carácter regulador que quieran llevar a cabo las autoridades nacionales deberán ser consultada a la Comisión Europea y al BERT y si estos organismos lo consideran un obstáculo para el mercado único, la Comisión podrá obligar a la autoridad nacional a replantear su propuesta.
Separación funcional
Las autoridades nacionales podrán imponer a las empresas integradas verticalmente, como medida de carácter excepcional, la obligación de separar sus servicios de red de los demás servicios, creando una entidad económica distinta encargada de gestionar el acceso a las redes. Esta entidad se responsabilizará de suministrar a todas las empresas que utilizan sus redes el acceso a sus productos y servicios en igualdad de condiciones.
Las autoridades nacionales sólo podrán recurrir a esta solución una vez que la Comisión y el BERT hayan confirmado que ninguna otra medida ha logrado garantizar una competencia efectiva.
En cuanto a las nuevas redes de fibra óptica, lo diputados abogan por incentivar su financiación y reclaman una mayor inversión que favorezcan “la innovación en servicios de Internet ricos en contenidos y que refuercen la competitividad internacional de la UE”. Estas redes de nueva generación proveerán las infraestructuras necesarias para los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas, la informática y los medios de comunicación.
Obligaciones de los operadores
Entre las propuestas que realiza el Parlamento Europeo hacia los proveedores de servicios se encuentra la de limitar a dos años la duración de los contratos entre los usuarios y las empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas. Por su parte, los abonados que quieran cambiar de operador podrán hacerlo en sólo un día tras haber presentado su solicitud, pudiendo conservar su número.
Los proveedores deberán expresar de forma clara las tarifas de los servicios ofertados e informar de cualquier restricción en el acceso, el uso o la distribución de contenidos, servicios y aplicaciones lícitas.
Con objeto de proteger la información de los abonados, los operadores estarán obligados a ofrecer gratuitamente sistemas de protección y filtrado. Además, deberán invertir en la lucha contra el spam y podrán emprender acciones legales contra los remitentes de las comunicaciones comerciales que no hayan recibido el consentimiento expreso de los usuarios.
El Parlamento Europeo subraya que cualquier violación de la seguridad de los datos personales debe ser notificada inmediatamente por el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas a la autoridad nacional competente y si se trata de una violación grave, el proveedor también tendrá que hacerlo a las personas afectadas. Las disposiciones sobre la protección de datos también deben cubrir las redes privadas.
El paquete legislativo que consta de dos directivas, un reglamento y un informe de iniciativa no vinculante. El objetivo de esta reforma es reforzar los derechos de los consumidores en sus comunicaciones electrónicas, ofreciéndoles una mayor oferta gracias a una mayor competencia entre los operadores de telecomunicaciones. La normativa también pretende promover la inversión en nuevas estructuras de comunicaciones, liberando radiofrecuencias para los servicios inalámbricos de banda ancha y haciendo más seguras las redes de comunicación.
El BERT sustituye al EECMA
La Eurocámara ha rechazado la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (EECMA) y propone un Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunicaciones (BERT), el cual contará con un Consejo de Reguladores integrado por las 27 autoridades nacionales de reglamentación.
El BERT estará cofinanciado por la Unión y los Estados miembros a través de las autoridades reguladoras nacionales, pero no se especifican que es lo que aportará cada uno.
A diferencia de la Comisión, que sugiere fusionar la actual Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) con la EECMA, los diputados opinan que el nuevo organismo regulador no debería estar a cargo de la seguridad de las redes y de la información.
Por otra parte, la Eurocámara introduce un nuevo procedimiento de “corregulación”, que propone que cualquier decisión de carácter regulador que quieran llevar a cabo las autoridades nacionales deberán ser consultada a la Comisión Europea y al BERT y si estos organismos lo consideran un obstáculo para el mercado único, la Comisión podrá obligar a la autoridad nacional a replantear su propuesta.
Separación funcional
Las autoridades nacionales podrán imponer a las empresas integradas verticalmente, como medida de carácter excepcional, la obligación de separar sus servicios de red de los demás servicios, creando una entidad económica distinta encargada de gestionar el acceso a las redes. Esta entidad se responsabilizará de suministrar a todas las empresas que utilizan sus redes el acceso a sus productos y servicios en igualdad de condiciones.
Las autoridades nacionales sólo podrán recurrir a esta solución una vez que la Comisión y el BERT hayan confirmado que ninguna otra medida ha logrado garantizar una competencia efectiva.
En cuanto a las nuevas redes de fibra óptica, lo diputados abogan por incentivar su financiación y reclaman una mayor inversión que favorezcan “la innovación en servicios de Internet ricos en contenidos y que refuercen la competitividad internacional de la UE”. Estas redes de nueva generación proveerán las infraestructuras necesarias para los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas, la informática y los medios de comunicación.
Obligaciones de los operadores
Entre las propuestas que realiza el Parlamento Europeo hacia los proveedores de servicios se encuentra la de limitar a dos años la duración de los contratos entre los usuarios y las empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas. Por su parte, los abonados que quieran cambiar de operador podrán hacerlo en sólo un día tras haber presentado su solicitud, pudiendo conservar su número.
Los proveedores deberán expresar de forma clara las tarifas de los servicios ofertados e informar de cualquier restricción en el acceso, el uso o la distribución de contenidos, servicios y aplicaciones lícitas.
Con objeto de proteger la información de los abonados, los operadores estarán obligados a ofrecer gratuitamente sistemas de protección y filtrado. Además, deberán invertir en la lucha contra el spam y podrán emprender acciones legales contra los remitentes de las comunicaciones comerciales que no hayan recibido el consentimiento expreso de los usuarios.
El Parlamento Europeo subraya que cualquier violación de la seguridad de los datos personales debe ser notificada inmediatamente por el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas a la autoridad nacional competente y si se trata de una violación grave, el proveedor también tendrá que hacerlo a las personas afectadas. Las disposiciones sobre la protección de datos también deben cubrir las redes privadas.
