El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de LSSI

El primer borrador del anteproyecto de LSSI fue lanzado en octubre de 2000. Casi un año y medio después y tras cuatro borradores oficiales, que se han ido modificando gracias a la colaboración de las 66 entidades (empresas y asociaciones de usuarios de Internet y de comercio) que han participado en lo que ha sido el primer proceso de consulta realizado a través de Internet para la tramitación de un proyecto de ley, este documento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el penúltimo paso antes de que el Congreso le dé la luz verde definitiva. El objetivo de la futura ley es, según ha señalado hoy en una rueda de prensa la Ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, establecer “un marco jurídico estable que favorezca el desarrollo de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico dando seguridad tanto a sus prestadores de servicios, unos actores nuevos que hasta ahora no contaban con ninguna regulación, como a sus usuarios”. Un texto que, explica Birulés, ha sido preciso elaborar para incorporar al ordenamiento nacional, como ya lo han hecho tres de los quince países miembros de la Unión Europea, la Directiva 2000/31/CE, relativa al comercio electrónico.

Una regulación “necesaria”
En este sentido, el documento, elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía, el de Justicia y Sanidad y Consumo, pretende regular los contratos de compra y venta que se lleven a cabo a través de los medios electrónicos, “no sólo Internet –ha puntualizado Birulés- sino a través de cualquier tecnología como el teléfono móvil, la televisión digital, el satélite y el cable”. El proyecto establece de este modo que la contratación electrónica tiene el mismo valor legal que la contratación en el mundo físico. Asimismo, contempla que la prestación de los servicios a través de estos medios electrónicos no está sujeta a autorización previa, aunque “tendrán que seguir los mismos requerimientos que se les exige a las empresas en el mundo físico”. Además, los proveedores de servicios establecidos en España o en cualquier país de la UE o en un país ajeno a la Unión pero que dirija sus servicios a territorio español, sin prejuicio de lo establecido en tratados internacionales, deberán atenerse a una serie de responsabilidades establecidas en este anteproyecto. Unas responsabilidades mínimas, según la Ministra, pues “no tendrán la obligación de revisar los datos que transmitan o almacenen pero sí deberán colaborar a las actividades cuando éstas lo requieran. Fomenta la autorregulación en el sector mediante códigos de conducta es uno de los aspectos del anteproyecto”. Eso sí, el texto contempla la imposición de sanciones, que variarán en función de la reincidencia de la empresa que las cometa y de su volumen.

Por otra parte, el proyecto de LSSI también regula el spam (correo electrónico comercial no solicitado que se envía a los usuarios sin su consentimiento de forma masiva), que queda prohibido. Una iniciativa que, según Birulés, “ha sido seguida por la propia Unión, cuya Comisión ha tomado la misma determinación frente al spam, cambiando de opinión”. Y es que, según la Ministra, esta actividad ha disminuido desde que se anunció la llegada de la ley y su prohibición del spam.

La polémica: ¿libertad de expresión asegurada?
La posibilidad de que las autoridades administrativas pudieran llegar a cerrar los medios que consideraran peligrosos, sin autorización judicial, presente en las anteriores versiones de este anteproyecto, ha sido uno de los aspectos que más protestas ha generado por parte del colectivo internauta, que temía que la libertad de expresión en la Red española pudiera ser violada. Sin embargo, Birulés ha señalado hoy que en la última versión del anteproyecto (la cuarta), que veremos entre hoy y mañana en la web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “la libertad de expresión es un derecho claramente reconocido y protegido al igual que los demás derechos fundamentales”. Asimismo, la Ministra ha asegurado que en el caso de que alguien deba decidir sobre el cierre de una publicación en Internet, lo hará una autoridad judicial. “La ley no incorpora otro tipo de actuación que no esté en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, no se permitirán cosas como, por ejemplo, la venta de armas a través de Internet o de medicinas que no estén registradas por las autoridades competentes, al igual que no se permite tampoco en el mundo físico”.

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