El 70% de las pymes utiliza software ilegal

Durante el pasado año, en España se llevaron a cabo 361 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de Propiedad Intelectual del Software, según datos aportados por la Business Software Alliance (BSA).

A lo largo de 2006, se dictaron diez sentencias penales contra otras tantas empresas por delito contra la Propiedad Intelectual del software, y se realizaron cuatro registros contra empresas que presuntamente utilizaban software ilegal. Un total de 71 casos fueron enviados a la policía, mientras que el resto de las acciones correspondieron a cartas enviadas a empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener presuntamente instalado software ilegal, bien solicitando información sobre el estado de sus licencias de software, al existir indicios de piratería.
La labor prioritaria de BSA en estos doce mese tuvo que ver con la concienciación y sensibilización en torno a los beneficios del software legal y las consecuencias de su uso ilícito, sobre todo en términos de negocio. En concreto, BSA se centró en informar a las pymes, un segmento en el que el uso de software ilegal en España se estima que asciende al 70%, a través de un campaña fruto de un acuerdo firmado en 2005 con la Agencia Tributaria. Este acuerdo tiene por objeto establecer un marco general de colaboración en la lucha contra las redes de fraude fiscal y contra aquellas actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual e industrial.
La BSA también ha colaborado con el Ministerio de Industria en el diseño de un plan de acción para formar y sensibilizar al canal de distribución, uno de los principales prescriptores de las pymes a la hora de incorporar nuevas tecnologías, pero que en el 41% de los casos comercializa software ilegal, según un estudio de la consultora Emer.
También las pymes fueron el objeto principal del acuerdo suscrito por BSA y AETIC, cuyo fin es poner en marcha iniciativas conjuntas, como jornadas, acciones formativas, campañas de concienciación social y estudios técnicos, para contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información promoviendo el uso de software legal en las empresas.
El índice de piratería de software creció en el último año tres puntos para situarse en el 46%, lo que representó unas pérdidas de 600 millones de Euros y un coste social estimado entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo.

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