Actualidad | Noticias | 21 JUL 2010

Bruselas aprueba el sistema de financiación español de RTVE

La Comisión Europea ha aprobado el nuevo sistema de financiación mediante impuestos del ente público español de RTVE, a falta de conocer si la tasa que se quiere imponer a los operadores es compatible con la normativa sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas europea.
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Tras siete meses de investigación, la Comisión ha determinado que el modelo que quiere establecer España para financiar el ente público RTVE es compatible con la normativa comunitaria. Ahora queda por conocer la decisión las conclusiones de la comisaria de la Agenda Digital, Neelie Kroes, sobre el impuesto que se quiere imponer a las operadoras de telecomunicaciones sobre sus ingresos para sufragar esta financiación. 

España eliminó la publicidad y otras actividades comerciales de RTVE y sustituyó esta fuente de ingresos por nuevos impuestos para los operadores de televisión y de telecomunicaciones. La Comisión tenía dudas sobre la compatibilidad de los nuevos impuestos con la legislación de la UE, en particular con las normas relativas a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que la compatibilidad de las ayudas a RTVE no se ve afectada por la legalidad de los nuevos impuestos y que la medida está en consonancia con las normas sobre ayudas estatales, porque garantiza que RTVE no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión.

El vicepresidente de la Comisión encargado de la política de competencia, Joaquín Almunia, ha afirmado que “la elección de España de poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE en el marco de la reforma de los organismos públicos de radiodifusión europeos está en consonancia con la política de pluralidad de medios apoyada por la UE. Por otra parte, reduce el riesgo de efectos de desbordamiento contrarios a la competencia entre actividades públicas y comerciales”.

La ley española del 1 de septiembre de 2009 dispone que la publicidad, la televenta, los servicios de comercialización y de pago por visión sean suspendido en el ente público, compensando esta falta de ingresos con otros generados por un impuesto aplicado sobre los ingresos de retransmisión en abierto de las televisiones comerciales (3 %) y las emisiones de las televisiones de pago (1,5 %); así como otro canon que deberán pagar los operadores de sus ingresos y que será del 0,9 %. También tendrán que abonar un porcentaje del 80 % de la tasa ya existente sobre el uso del espectro radioeléctrico, hasta un importe máximo de 330 millones de euros. Por otra parte, también seguirá en vigor la financiación estatal de RTVE ya existente.

A raíz de esta ley, la Comisión abrió, en diciembre de 2009, una investigación para cerciorarse de que el nuevo mecanismo de financiación de RTVE no ofrecía una compensación excesiva, sí realmente era una medida legal y si el impuesto que se quería aplicar a los operadores de comunicaciones electrónicas se ajustaba a las normas relativas a las redes de comunicaciones electrónicas. Esto último está siendo analizado en una investigación paralela y sus resultados no se conocerán hasta después del verano.

La investigación de la Comisión determina que el importe concedido a RTVE no depende de los ingresos generados por estos impuestos, sino que solo está determinado por los costes netos de funcionamiento del organismo de radiodifusión. Por lo tanto, la compatibilidad de la ayuda no depende de que los impuestos sean finalmente legales o no. Además, España ha demostrado la existencia de salvaguardias para evitar un exceso de compensación, en especial una auditoría externa de las cuentas anuales de RTVE. 



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