Santander/Bruselas
Para Linares, los responsables comunitarios se deben esforzar en crear un entorno normativo predecible que anime las inversiones en vez de retraerlas, como aseguró que estaba ocurriendo y parece un hecho incontestable en campos como las nuevas redes de acceso de fibra, donde, como recordó el consejero delegado de Telefónica, el continente está perdiendo posiciones frente a Japón, Corea y Estados Unidos. En su crítica, Linares se quejó además de que la comisaria Reding se movía con la única pretensión de bajar los precios, como en el caso del roaming y del coste de interconexión en los móviles, sin que ello haya servido para generar un mayor consumo por parte de los usuarios, traduciéndose exclusivamente en pérdida de ingresos para los operadores y, en consecuencia, en una reducción de sus inversiones de nada menos que 6.000 millones de euros.
Sin embargo, estos hechos negativos denunciados, fácilmente constatables, son valorados por Linares como consecuencias directas de la acción de Bruselas, lo que, viniendo de parte interesada, no tiene por qué ser evidente. Es como si para el consejero delegado de Telefónica, Reding pareciese obsesionada con una defensa demagógica de los consumidores que, a la postre, sólo acaba perjudicando a los operadores, a su capacidad inversora y, en última instancia, al despliegue de nuevas infraestructuras de última generación. Y eso ya es mucho decir. Porque si es cierto que las rebajas de los precios no se está traduciendo en un aumento de la demanda, hay que tener en cuenta que quizá se deba al momento económico en que nos encontramos, con una significativa contracción del consumo en general. Incluso puede que ni siquiera el consumo se hubiera mantenido en los niveles actuales con precios más elevados, lo que también hubiera afectado al volumen de ingresos captados. En economía pocas relaciones son directamente proporcionales, incluso en idénticos contextos, porque las variables son muchas. Y en cualquier caso, aunque no a toda costa, intentar bajos los precios de los servicios clave para la sociedad siempre debería de ser una obligación del poder.
También es una verdad a medias –por descontextualizada– que la regulación actual sea causa directa de la ralentización de las inversiones en las nuevas redes de acceso de fibra. Es cierto que la actuación de Bruselas no está siendo modélica al respecto y que en el propio caso español ha levantado ampollas innecesarias incluso en la CMT, pero la congelación de muchos de estos proyectos parecen consecuencias asimismo atribuibles al temor de los operadores a endeudarse financieramente en exceso en una coyuntura como la actual y a una más que previsible lenta adopción por parte de los consumidores que podría acabar prolongando en el tiempo la recuperación de la inversión y la rentabilidad. Por ello, pese a que Telefónica se haya manifestado repetidamente en contra de esta medida, la inversión de las Administraciones Públicas en cualquiera de sus formas podría ayudar mucho a actualizar nuestras infraestructuras, agilizando el proceso, creando empleo y riqueza, y preparando el futuro. En Santander quedó constancia de que cada vez más operadores lo ven claro.