La neutralidad de Internet, a debate
La neutralidad de la Red o “Net Neutrality”, uno de los temas más candentes hoy alrededor de Internet, está generando un gran debate entre ISP, operadores y reguladores. Un debate que afecta también a la rentabilidad de las inversiones en las nuevas redes de acceso.
La neutralidad, en términos muy simples, significa que Internet trasmite todo lo que le llega, sin analizar lo que circula por ella ni dar prioridad, un principio que la ha caracterizado desde su nacimiento, junto a su arquitectura abierta y descentralizada, donde el control y la inteligencia de la red se deja a las aplicaciones. La red es, básicamente, la misma para todas las aplicaciones y para todo el mundo, que paga igual por el mismo tipo de acceso (dependiendo del proveedor), la utilice mucho o poco.
Hasta ahora, este principio ha favorecido la innovación y la creación de servicios sobre la capa IP, dando lugar a una mejora de la eficiencia y a que los usuarios valoren muy positivamente el acceso a Internet, pero esta situación podría cambiar si se estableciera una discriminación en función del uso.
El principio de neutralidad se ha puesto en duda por las compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos y de otros países, que pretenden poder diferenciar servicios según el tipo de tráfico, de manera tal que podrían dar mayor prioridad a los propios, restringir a los usuarios que acceden a servicios que consumen mucho ancho de banda, como es el P2P, o cobrar, no sólo a sus clientes, como hacen hasta ahora, sino también a los grandes proveedores de contenidos (Amazon, Google, Microsoft, Yahoo, etc.), que, sin contribuir al desarrollo de su infraestructura, se aprovechan de ella.
Según menciona la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) en la “Consulta pública sobre redes de acceso de nueva generación” lanzada a mediados de mayo, “este es un debate de gran interés en los Estados Unidos, con motivo de la actualización de su legislación de telecomunicaciones. En su trasfondo subyace la cuestión relativa a si los costes de las nuevas redes de acceso de banda ancha (xDSL, fibra óptica, HSPA, etc.) deberían ser retribuidos de igual forma por los usuarios, independientemente del tipo de información a la que se acceda y de los recursos de red consumidos al acceder a tales contenidos, o, si por el contrario, debería existir una relación más causal entre los recursos utilizados y los contenidos provistos”.
Tarifas según tráfico
El principio de neutralidad de la red aboga por el mantenimiento de la actual filosofía de tarifas simples, independientes del uso, pero el consumo masivo de contenidos de gran valor comercial por una parte de los usuarios (entre el 80% y 90% de los contenidos lo descarga el 20% de los usuarios, que se bajan de forma intensiva películas, canciones, juegos, software…), con la consiguiente ocupación de recursos de red –insuficientes para garantizar la calidad de servicio a todos–, puede exigir, por motivos de eficiencia, el desarrollo de políticas de precios diferenciadas para el acceso. De lo contrario, al ser la media de uso muy dispersa, se está penalizando a una gran parte de los usuarios –los de poco consumo–, frente a los otros.
La actualización de las redes troncales que conforman Internet para dotarlas de mayor ancho de banda, puesto que se tiende a ofrecer velocidades de acceso cada día mayores (hasta 20 Mbps comienza a ser habitual), y de las propias redes de acceso, para pasar del cobre –ya al límite de su capacidad– a la fibra óptica –sin límite teórico–, requiere de grandes inversiones. Además, dado que los precios del acceso tienden a la baja, resulta muy difícil para los operadores recuperar estas inversiones, necesarias para satisfacer la demanda creciente con suficiente calidad de servicio. Por ello, la única posibilidad es, o bien diferenciar tarifas según el tráfico que se consuma (algo que ya existe en el acceso a través del móvil), o hacer partícipes de las mismas a los grandes beneficiarios de Internet, como Google, Yahoo o Microsoft, entre otros. Está claro que unos necesitan a los otros, pues sin red no sería posible la distribución de contenidos, y sin contenidos y aplicaciones interesantes no se generaría tráfico para los operadores y negocio en las redes; por tanto, parecería lógico que todos compartieran el gasto de su desarrollo y mantenimiento.
Discriminación, ¿sí o no?
El desarrollo acelerado de la banda ancha (del ADSL y el cable) no hubiera sido el mismo si no fuese por lo comentado anteriormente. El problema es que vivimos en la cultura de que en Internet “todo es gratis”, y eso no se mantiene; alguien tiene que pagar lo que cuesta y podría ser conveniente cambiar los modelos de negocio para adaptarse a la nueva situación.
En este debate no se puede dejar de contemplar el riesgo de que en un entorno competitivo de bajo nivel (como es el que se tiene en las redes de acceso, con pocos agentes y una oferta muy similar, tanto en prestaciones como en precio), la utilización de precios diferenciados, en función del uso, suponga que los propietarios de las redes de acceso apuesten en favor de los contenidos propios frente a los de otros proveedores, como se comentaba al principio. Por el contrario, en un contexto de neutralidad de red, los usuarios accederían a cualquier contenido sobre una base de precio de acceso único (por ejemplo, con tarifa plana), independiente del servicio o contenido accedido, facturando los ISP una cantidad diferente en función de la información suministrada, con un equilibrio en el reparto del valor entre el transporte de la información en las redes y la información misma.
Actualmente, en un entorno de red neutral, los operadores de acceso, al no poder establecer el coste de las comunicaciones en función de los recursos de red ocupados o de la calidad de servicio requerida (por ejemplo, calidad mínima o best effort, frente a mayores garantías de calidad para la provisión de servicios interactivos, como la telefonía o la televisión), tienen pocos incentivos para renovar sus redes, introduciendo nuevas tecnologías, ya que ello conlleva grandes inversiones, a recuperar a muy largo plazo.
En este contexto, y ante el debate sobre la neutralidad de la red, planteado por una de las partes, no resulta difícil ver que existe una relación entre dos mundos que han estado separados, al menos desde la perspectiva de la regulación, el de las telecomunicaciones y el de los contenidos, o sea, el de suministro del acceso y transporte de la información y el de los contenidos, su producción y búsqueda. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones estarían en contra de la neutralidad de la red, mientras que, por otro, los principales proveedores de contenidos se posicionan a favor de una red neutral, que favorezca el intercambio libre de información.
Fomento de inversiones
Pero para afrontar el incremento del tráfico de la red es necesario invertir en nuevas infraestructuras de acceso (fibra óptica, mayoritariamente), lo que entra en los planes actuales de muchos operadores, sobre todo de los incumbentes. Para fomentar estas inversiones consideran que las autoridades de regulación nacionales no deberían extender las obligaciones de apertura de red que hay en la actualidad con la OBA (Oferta de Bucle de Abonado) para las infraestructuras de cobre (acceso indirecto y bucle desagregado), pues ello desincenti
La neutralidad, en términos muy simples, significa que Internet trasmite todo lo que le llega, sin analizar lo que circula por ella ni dar prioridad, un principio que la ha caracterizado desde su nacimiento, junto a su arquitectura abierta y descentralizada, donde el control y la inteligencia de la red se deja a las aplicaciones. La red es, básicamente, la misma para todas las aplicaciones y para todo el mundo, que paga igual por el mismo tipo de acceso (dependiendo del proveedor), la utilice mucho o poco.
Hasta ahora, este principio ha favorecido la innovación y la creación de servicios sobre la capa IP, dando lugar a una mejora de la eficiencia y a que los usuarios valoren muy positivamente el acceso a Internet, pero esta situación podría cambiar si se estableciera una discriminación en función del uso.
El principio de neutralidad se ha puesto en duda por las compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos y de otros países, que pretenden poder diferenciar servicios según el tipo de tráfico, de manera tal que podrían dar mayor prioridad a los propios, restringir a los usuarios que acceden a servicios que consumen mucho ancho de banda, como es el P2P, o cobrar, no sólo a sus clientes, como hacen hasta ahora, sino también a los grandes proveedores de contenidos (Amazon, Google, Microsoft, Yahoo, etc.), que, sin contribuir al desarrollo de su infraestructura, se aprovechan de ella.
Según menciona la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) en la “Consulta pública sobre redes de acceso de nueva generación” lanzada a mediados de mayo, “este es un debate de gran interés en los Estados Unidos, con motivo de la actualización de su legislación de telecomunicaciones. En su trasfondo subyace la cuestión relativa a si los costes de las nuevas redes de acceso de banda ancha (xDSL, fibra óptica, HSPA, etc.) deberían ser retribuidos de igual forma por los usuarios, independientemente del tipo de información a la que se acceda y de los recursos de red consumidos al acceder a tales contenidos, o, si por el contrario, debería existir una relación más causal entre los recursos utilizados y los contenidos provistos”.
Tarifas según tráfico
El principio de neutralidad de la red aboga por el mantenimiento de la actual filosofía de tarifas simples, independientes del uso, pero el consumo masivo de contenidos de gran valor comercial por una parte de los usuarios (entre el 80% y 90% de los contenidos lo descarga el 20% de los usuarios, que se bajan de forma intensiva películas, canciones, juegos, software…), con la consiguiente ocupación de recursos de red –insuficientes para garantizar la calidad de servicio a todos–, puede exigir, por motivos de eficiencia, el desarrollo de políticas de precios diferenciadas para el acceso. De lo contrario, al ser la media de uso muy dispersa, se está penalizando a una gran parte de los usuarios –los de poco consumo–, frente a los otros.
La actualización de las redes troncales que conforman Internet para dotarlas de mayor ancho de banda, puesto que se tiende a ofrecer velocidades de acceso cada día mayores (hasta 20 Mbps comienza a ser habitual), y de las propias redes de acceso, para pasar del cobre –ya al límite de su capacidad– a la fibra óptica –sin límite teórico–, requiere de grandes inversiones. Además, dado que los precios del acceso tienden a la baja, resulta muy difícil para los operadores recuperar estas inversiones, necesarias para satisfacer la demanda creciente con suficiente calidad de servicio. Por ello, la única posibilidad es, o bien diferenciar tarifas según el tráfico que se consuma (algo que ya existe en el acceso a través del móvil), o hacer partícipes de las mismas a los grandes beneficiarios de Internet, como Google, Yahoo o Microsoft, entre otros. Está claro que unos necesitan a los otros, pues sin red no sería posible la distribución de contenidos, y sin contenidos y aplicaciones interesantes no se generaría tráfico para los operadores y negocio en las redes; por tanto, parecería lógico que todos compartieran el gasto de su desarrollo y mantenimiento.
Discriminación, ¿sí o no?
El desarrollo acelerado de la banda ancha (del ADSL y el cable) no hubiera sido el mismo si no fuese por lo comentado anteriormente. El problema es que vivimos en la cultura de que en Internet “todo es gratis”, y eso no se mantiene; alguien tiene que pagar lo que cuesta y podría ser conveniente cambiar los modelos de negocio para adaptarse a la nueva situación.
En este debate no se puede dejar de contemplar el riesgo de que en un entorno competitivo de bajo nivel (como es el que se tiene en las redes de acceso, con pocos agentes y una oferta muy similar, tanto en prestaciones como en precio), la utilización de precios diferenciados, en función del uso, suponga que los propietarios de las redes de acceso apuesten en favor de los contenidos propios frente a los de otros proveedores, como se comentaba al principio. Por el contrario, en un contexto de neutralidad de red, los usuarios accederían a cualquier contenido sobre una base de precio de acceso único (por ejemplo, con tarifa plana), independiente del servicio o contenido accedido, facturando los ISP una cantidad diferente en función de la información suministrada, con un equilibrio en el reparto del valor entre el transporte de la información en las redes y la información misma.
Actualmente, en un entorno de red neutral, los operadores de acceso, al no poder establecer el coste de las comunicaciones en función de los recursos de red ocupados o de la calidad de servicio requerida (por ejemplo, calidad mínima o best effort, frente a mayores garantías de calidad para la provisión de servicios interactivos, como la telefonía o la televisión), tienen pocos incentivos para renovar sus redes, introduciendo nuevas tecnologías, ya que ello conlleva grandes inversiones, a recuperar a muy largo plazo.
En este contexto, y ante el debate sobre la neutralidad de la red, planteado por una de las partes, no resulta difícil ver que existe una relación entre dos mundos que han estado separados, al menos desde la perspectiva de la regulación, el de las telecomunicaciones y el de los contenidos, o sea, el de suministro del acceso y transporte de la información y el de los contenidos, su producción y búsqueda. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones estarían en contra de la neutralidad de la red, mientras que, por otro, los principales proveedores de contenidos se posicionan a favor de una red neutral, que favorezca el intercambio libre de información.
Fomento de inversiones
Pero para afrontar el incremento del tráfico de la red es necesario invertir en nuevas infraestructuras de acceso (fibra óptica, mayoritariamente), lo que entra en los planes actuales de muchos operadores, sobre todo de los incumbentes. Para fomentar estas inversiones consideran que las autoridades de regulación nacionales no deberían extender las obligaciones de apertura de red que hay en la actualidad con la OBA (Oferta de Bucle de Abonado) para las infraestructuras de cobre (acceso indirecto y bucle desagregado), pues ello desincenti
