El Parlamento Europeo marca las nuevas reglas de juego
No habrá regulador único
El Parlamento Europeo ha adoptado un paquete de normas que revisa la legislación vigente en telecomunicaciones con el fin de reforzar los derechos de los consumidores. La normativa también pretende promover la inversión en nuevas estructuras de comunicaciones, liberando radiofrecuencias para los servicios inalámbricos de banda ancha y haciendo más seguras las redes de comunicación.
De las nuevas medidas adapadas por la Eurocámara destaca la creación del Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunciaciones (BERT), que contará con un Consejo donde participarán las autoridades nacionales sobre la materia de los 27 estados miembros. Con esta decisión, el legislativo de la UE rechaza definitivamente la propuesta de la Comisión Europea de crear una autoridad reguladora paneuropea con plenos poderes en todo el ámbito comunitario. También en contra de los criterios de la Comisión, los eurodiputados se han opuesto a la fusión de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) con la nueva entidad reguladora.
Como medida intermedia, la Eurocámara introduce un nuevo procedimiento de “corregulación”, que propone que cualquier decisión de carácter regulador que quieran llevar a cabo las autoridades nacionales deberá ser consultada a la Comisión Europea y al BERT. Si estos organismos lo considerasen un obstáculo para el mercado único, la Comisión podrá obligar a la autoridad nacional a replantear su propuesta.
Separación funcional
Según el nuevo procedimiento, las autoridades nacionales podrán imponer a las empresas integradas verticalmente, como medida de carácter excepcional, la obligación de separar sus servicios de red del resto de su oferta, creando una entidad económica distinta encargada de gestionar el acceso a las redes. Esta entidad se responsabilizará de suministrar a todos los competidores que utilizan sus redes el acceso a sus productos y servicios en igualdad de condiciones. Las autoridades nacionales sólo podrán recurrir a esta solución una vez que la Comisión y el BERT hayan confirmado que ninguna otra medida ha logrado garantizar una competencia efectiva.
En cuanto a las nuevas redes de fibra óptica, los diputados abogan por incentivar su financiación y reclaman una mayor inversión que favorezcan “la innovación en servicios de Internet ricos en contenidos y que refuerce la competitividad internacional de la UE”. En este sentido, la Comisión, como ya hiciera en España la CMT antes del verano, ha abierto una consulta pública, que concluirá el próximo 14 de noviembre, para recabar la opinión de los operadores europeos sobre la nueva regulación que regirá el acceso a la banda ancha a través de fibra óptica. Con los resultados obtenidos se elaborará una recomendación que ayude a los estados miembros a definir estos despliegues.
Las pretensiones de la Comisión es que los “operadores históricos” permitan el acceso a sus canalizaciones y faciliten el despliegue de las infraestructuras de los alternativos. Asimismo, la comisión también tiene en cuenta la fuerte inversión que supone esta transición de las redes de cobre a las de fibra óptica, circunstancia que considera se debe valorar a la hora de fijar los precios de acceso mayorista. Bruselas estima que serán necesarios durante los próximos años alrededor de 300.000 millones de euros para completar la transición de redes de cobre a fibra óptica.
De las nuevas medidas adapadas por la Eurocámara destaca la creación del Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunciaciones (BERT), que contará con un Consejo donde participarán las autoridades nacionales sobre la materia de los 27 estados miembros. Con esta decisión, el legislativo de la UE rechaza definitivamente la propuesta de la Comisión Europea de crear una autoridad reguladora paneuropea con plenos poderes en todo el ámbito comunitario. También en contra de los criterios de la Comisión, los eurodiputados se han opuesto a la fusión de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) con la nueva entidad reguladora.
Como medida intermedia, la Eurocámara introduce un nuevo procedimiento de “corregulación”, que propone que cualquier decisión de carácter regulador que quieran llevar a cabo las autoridades nacionales deberá ser consultada a la Comisión Europea y al BERT. Si estos organismos lo considerasen un obstáculo para el mercado único, la Comisión podrá obligar a la autoridad nacional a replantear su propuesta.
Separación funcional
Según el nuevo procedimiento, las autoridades nacionales podrán imponer a las empresas integradas verticalmente, como medida de carácter excepcional, la obligación de separar sus servicios de red del resto de su oferta, creando una entidad económica distinta encargada de gestionar el acceso a las redes. Esta entidad se responsabilizará de suministrar a todos los competidores que utilizan sus redes el acceso a sus productos y servicios en igualdad de condiciones. Las autoridades nacionales sólo podrán recurrir a esta solución una vez que la Comisión y el BERT hayan confirmado que ninguna otra medida ha logrado garantizar una competencia efectiva.
En cuanto a las nuevas redes de fibra óptica, los diputados abogan por incentivar su financiación y reclaman una mayor inversión que favorezcan “la innovación en servicios de Internet ricos en contenidos y que refuerce la competitividad internacional de la UE”. En este sentido, la Comisión, como ya hiciera en España la CMT antes del verano, ha abierto una consulta pública, que concluirá el próximo 14 de noviembre, para recabar la opinión de los operadores europeos sobre la nueva regulación que regirá el acceso a la banda ancha a través de fibra óptica. Con los resultados obtenidos se elaborará una recomendación que ayude a los estados miembros a definir estos despliegues.
Las pretensiones de la Comisión es que los “operadores históricos” permitan el acceso a sus canalizaciones y faciliten el despliegue de las infraestructuras de los alternativos. Asimismo, la comisión también tiene en cuenta la fuerte inversión que supone esta transición de las redes de cobre a las de fibra óptica, circunstancia que considera se debe valorar a la hora de fijar los precios de acceso mayorista. Bruselas estima que serán necesarios durante los próximos años alrededor de 300.000 millones de euros para completar la transición de redes de cobre a fibra óptica.
