El despliegue de fibra es viable para todos

El despliegue de infraestructuras de redes ópticas en España es viable económicamente, tanto para el operador incumbente como para los alternativos, según se pone de relieve en un estudio realizado por la CMT y la consultora Isdefe. Sin embargo, según las previsiones que se realizan a 15 años, más del 50% del territorio se quedará sin cobertura de fibra si los organismos públicos no ponen en marcha iniciativas que lo fomenten.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha dado a conocer un estudio en el que se muestra la viabilidad para desplegar redes de fibra óptica por parte de los operadores alternativos y cuál será el nivel de penetración de aquí a 15 años.
Según el regulador, para el 2023 la penetración de la banda ancha en España será del 40% de la población, que es el porcentaje que actualmente tiene Dinamarca, mientras que los accesos de telefonía fija se acercarán al 46% de la población y la televisión de pago habrá llegado al mismo porcentaje de los hogares.
Tomando como base este escenario y de acuerdo a un marco que la CMT califica de conservador, el panorama que se presenta para dentro de quince años, de acuerdo al análisis que han realizado, es que entre el 43 y el 46% de las viviendas españolas dispondrán de acceso de fibra y la oferta variará dependiendo del número de habitantes que haya en la zona.
Madrid y Barcelona son las dos ciudades que presentan un mayor atractivo para los operadores dado su potencial económico y densidad de población. De esta forma, para el 2023 podrían haberse establecido en estas urbes entre dos y tres redes de fibra óptica alternativas a las de Telefónica, con coberturas del 60% de las viviendas, lo que supondrá que 1.262.502 dispondrían de FTTH. En las zonas en las que la población varía entre los 50.000 y los mil habitantes el análisis de la CMT no ve viable que haya más de un alternativo que compita con el incumbente, y en los municipios de menos de mil habitantes, sólo prevé que lleguen los servicios de Telefónica, incluso duda que ésta realice algún tipo de despliegue ya que los plazos de recuperación de la inversión son muy altos. Por este motivo, considera que deberá ser la Administración Pública quien actúe para que estos servicios basados en redes de nueva generación sean disfrutados en todo el territorio nacional. En cuanto al retorno de la inversión realizada, en aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes los operadores alternativos podrían recuperarla en un plazo de entre 9 y 12 años, periodo que se alarga a 13 ó 14 años cuando se trata de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Estas inversiones serán mucho mayores en el caso de los alternativos que en el de Telefónica, así si en Madrid y Barcelona la inversión del incumbente puede superar los 365 mil millones de euros a cada uno de los incumbentes el coste superará los 420 mil millones.
Teniendo en cuenta la fuerte inversión a realizar, en el estudio se presupone que los despliegues de red de acceso FTTH se realizarán paulatinamente, tanto en el ámbito temporal como en el geográfico. Los operadores irán realizando inversiones selectivas por áreas, comenzando por aquellas donde los costes sean menores y los ingresos esperados mayores. Es decir, en un primer momento serán las zonas urbanas más densamente pobladas las que dispondrán de estos servicios avanzados y los operadores que antes lleguen tendrán una ventaja respecto al resto y se reflejará en los plazos de recuperación de la inversión. Asimismo, la cobertura de las viviendas progresará según se incremente la demanda, evitando que la red esté desocupada y que los operadores incurran en costes no productivos.

Aprovechar canalizaciones
El estudio de la CMT asume que todos los operadores alternativos desplegarán sus redes FTTH alquilando las canalizaciones y las infraestructuras de obra civil a Telefónica. La CMT aprobó a finales de enero de 2009 la nueva regulación sobre las redes de acceso de nueva generación que incentivaba la competencia en infraestructuras y obligaba, entre otros, a que Telefónica cediera esas infraestructuras a los operadores a un precio orientado a costes y fijado por el regulador. La obra civil supone una parte muy importante de la inversión en el despliegue de redes, por lo que la compartición de infraestructuras (canalizaciones, conductos e infraestructuras en el interior de los edificios) supone un importante ahorro de costes.