Tiempo de debate

Lo bueno que tienen los tiempos revueltos es que ayudan a derribar mitos y tabúes sagrados durante generaciones. Y por sagrados, indiscutibles, aunque algunos no resistan el más
mínimo análisis lógico o económico (que no siempre es lo mismo). La concurrencia de la crisis económica y financiera, por un lado, y, por otro, de la necesidad de impulsar las redes de nueva generación está siendo un buen ejemplo de este fenómeno: lo mismo que hace décadas cayó el mito del “monopolio natural”, del que se alimentaron durante mucho tiempo industrias como la de telecomunicaciones, ahora se vuelve a cuestionar la bondad per se del principio de que la participación pública no es deseable en nuestro sector y debe reducirse al mínimo; si sólo es al ámbito regulador, mejor. Después de lo ocurrido con la banca, aquí se puede discutir de todo, especialmente si somos todos nosotros los que ponemos el dinero.
La polémica surgida sobre la regulación de las nuevas redes de acceso basadas en fibra tanto en la UE como en España está abriendo –reabriendo más bien, aunque sólo aparece cada mucho y en boca de muy pocos– una corriente de opinión a favor de la intervención directa de la Administración en la creación y desarrollo de estas infraestructuras, que todos coinciden en considerar indispensables. Y no sólo para garantizar el crecimiento del mercado mediante la adopción masiva de nuevos servicios multimedia e interactivos, sino como motor de competitividad y productividad de nuestras empresas.
El nuevo blog de la CMT es una buena muestra del interés que están despertando estas nuevas propuestas, sobre todo como solución al pantanoso escenario en que, a nivel europeo y español, se mueve hoy la regulación de las nuevas redes de fibra ante la evidencia del enorme esfuerzo inversor que exigen, máxime en tiempos de crisis. A fin de contribuir al debate, recogemos aquí sumariamente algunas de las sugerencias de los visitantes del blog de la CMT, añadiendo algunas consideraciones de nuestra cosecha. En nuestro propio blog, las iremos analizando más en detalle durante los próximos días.
1. Creación –y en su caso gestión– de las nuevas redes por una entidad pública creada específicamente para ello, y no por Telefónica, de modo que todos los operadores puedan utilizarlas en igualdad de condiciones. La financiación correría a cargo del erario público mediante inversiones totalmente recuperables a largo plazo, por cuanto los operadores tendrían que pagar por usarlas. La intervención podría ser del Estado, las Comunidades Autónomas e incluso los Ayuntamientos, aunque no estén para muchas fiestas. Hay que recordar que existen experiencias similares en marcha incluso en Estados Unidos, así como el debate lanzado por Ángela Merkel, al sugerir la dedicación de los fondos estructurales de la UE a la financiación de estas nuevas redes.
2. Dejar que Telefónica implante su nueva red de acuerdo a la regulación actual, al tiempo que la Administración, en las mismas condiciones que en el escenario anterior, construye la suya propia al servicio de los competidores del operador dominante. De este modo, se consigue duplicar inversiones e infraestructuras, así como las opciones de alquiler para los alternativos. Hay casos similares en determinadas comunidades autónomas.
3. Ni una ni otra. Seguir con el modelo actual, pero imponiendo a Telefónica un periodo determinado durante el cual esté obligada a alquilar sus nuevas infraestructuras a terceros mientras éstos construyen las suyas propias. Los alternativos verían garantizada la competencia pero tendrían que comprometerse a invertir, bien de forma individual o mediante consorcios en redes de uso compartido.
Cualquier alternativa factible al estado de cosas actual exigiría un mucho mayor nivel de desarrollo, pero es bueno empezar a pensar que no todos los principios son inamovibles. Los económicos y tecnológicos tampoco.