La UE impone la adopción de la licitación electrónica

Con la publicación de las directivas en el OJEU se inicia el periodo de transposición a las diferentes legislaciones nacionales, tarea que España deberá acometer antes de que finalice el primer trimestre de 2016. Ese mismo año ya será obligatorio que todas las administraciones públicas españolas se comuniquen con sus licitadores a través de la notificación electrónica, y que todos los pliegos administrativos estén disponibles de manera online.

En el primer trimestre de 2017,  todas las centrales de compras deberán haber implantado un sistema de licitación electrónica que permita el envío y recepción de ofertas de forma segura y confidencial. El último paso se dará en el último trimestre de 2018, momento en que la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las administraciones públicas de los estados miembro de la UE. 

Las autoridades públicas gastan alrededor del 18% del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, lo que pone de manifiesto que cualquier optimización de este  proceso tendrá un impacto muy significativo en cuanto a reducción del gasto público. En este sentido, la UE ha afirmado en diferentes estudios que la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto significa que, siendo conservadores, las Administraciones Públicas españolas podrían ahorrar en torno a 7.800 millones de euros anuales. 

Criterios sociales y medio ambientales

La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.

Gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán además dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.

Asimismo, la nueva normativa permitirá simplificará los procesos de licitación. Sólo será necesario presentar un único documento europeo con la declaración del empresario. Únicamente el adjudicatario tendrá que proporcionar toda la documentación administrativa original. Esta modificación significará la reducción de cargas administrativas de en torno al 80%, según las estimaciones de la Comisión.